Juan Torres López / Alberto Garzón – Altereconomía.
Los últimos datos que acaba de presentar la oficina de estadística europea (EUROSTAT) muestran que Europa entra de nuevo en recesión. Dejando ahora de lado el hecho de que medir la evolución de la actividad económica a través del PIB desvirtúa bastante el conocimiento de lo que de verdad ocurre en las economías, lo cierto es que, incluso utilizando este indicador, la economía europea y la de la zona euro muestran su mal estado al registrar una caída del 0,3% en su actividad. Solo Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia se salvan de los registros negativos. Y algunas ya empiezan a estar técnicamente en recesión (dos trimestres con crecimiento negativo). Entre ellas Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Dinamarca y Eslovenia. Y, por supuesto, las de Grecia, Portugal y posiblemente Irlanda cuando se conozca el dato del último trimestre.
Se trata, pues, del primer paso hacia la recesión generalizada en Europa que casi con toda seguridad podemos decir que se está ya produciéndose en el trimestre en el que ahora nos encontramos y que seguramente afectará incluso a la “locomotora” europea, pues Alemania ya registró crecimiento negativo (-0,2%) en el último trimestre de 2011, lo que demuestra que las políticas que impone a los demás ni siquiera son buenas para su propia economía porque ésta vive de la demanda ajena (de lo que está “tirando” de su actividad en los últimos meses es su sector de la construcción).
Más nubarrones en el horizonte
No obstante, sería ingenuo creer que lo que está pasando en Europa es solamente que bajan unas décimas los registros de la actividad económica y que eso se resolverá pronto.
Si se entra en los detalles de esta caída, las siguientes circunstancias permiten deducir que la situación es más grave de lo que parece y que va a empeorar a lo largo del año:
- El deterioro se está produciendo en prácticamente todos los países europeos (Francia seguramente se añadirá a los de registro negativo en este primer trimestre de 2012), lo que quiere decir que es el conjunto de las políticas, su impulso y diseño general, lo que falla y no solo su mala aplicación por algunos países.
- Se viene produciendo una considerable disminución del consumo privado como consecuencia de la moderación salarial y de la subida de impuestos indirectos que están deteriorando la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la población europea. Esto significa que aumentará la pobreza y la exclusión social, dando lugar al círculo perverso que siempre origina el deterioro de las condiciones de vida que a la postre lleva consigo cierre de empresas, más desempleo… y peor rendimiento económico.
- La caída en la utilización de la capacidad productiva adelanta que la inversión no se va a recuperar en bastantes meses.
- Nada indica que se esté dispuesto a cambiar las políticas de recorte del gasto público, de modo que se va a seguir provocando el aumento del desempleo y del cierre de empresas como consecuencia de la menor demanda y de la pérdida de estímulos esenciales a la inversión y la innovación.
- Aunque algunos países mejoran el saldo exterior (como España) es más bien como efecto de la caída de las compras al extranjero que de la subida de exportaciones, lo que indica que reducir salarios no ha conseguido en realidad mejorar la competitividad global en Europa, tal y como dicen los defensores de las políticas que se están imponiendo. Ocurre, como hemos comentado en otros artículo, todo lo contrario: el empobrecimiento general.
- Los indicadores de confianza económica han bajado a los niveles de 2009.
- Los diferenciales de deuda entre los países han aumentado en los últimos meses, a pesar de que los diferentes países han ido aplicando las recomendaciones de las autoridades europeas y de que el Banco Central Europeo ha intervenido masivamente. Lo que hace prever que el problema de la deuda no solo no está solucionado sino que va a aumentar o incluso a estallar en los próximos meses. Téngase en cuenta que los recursos disponibles del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad son insuficientes para hacer frente a las necesidades de financiación de España e Italia en los próximos tres años. Con la aportación del FMI llegaría justo pero a poco que la situación en estos o en otros países se agravase se producirá una crisis generalizada.
- Las encuestas de los bancos centrales apuntan a que empeoran las condiciones de acceso al crédito y esto es, muy posiblemente, lo que va a marcar el tipo de crisis asociada a la nueva etapa de recesión: un nuevo racionamiento del crédito que al añadirse al que ya se viene produciendo puede llegar a paralizar a toda la economía europea provocando con ello otra debacle mundial. Hasta el Banco Mundial acaba de señalar en un reciente informe que hay riesgo de “una crisis global de dimensiones iguales o superiores a la crisis de Lehman Brothers, en 2008″ (Global Economic Prospects 2012a: Uncertainties and Vulnerabilities. Resumen ejecutivo en español en: http://bit.ly/x4safr).
Empeñados en fracasar para no actuar contra los bancos
A nuestro juicio, estos datos muestran de forma clamorosa el fracaso indisimulable de las políticas que se vienen aplicando en Europa.
Y es además es un fracaso largamente anunciado porque nace de no querer reconocer ni enfrentarse a la situación real de partida: tratando de aumentar ad infinitum su negocio (la generación de deuda) la banca ha destrozado el sistema financiero haciéndolo saltar en mil pedazos. Y como consecuencia de ello ahora nos encontramos con dos problemas entrecruzados. Por un lado, con una necesidad extraordinaria de financiación para hacer frente tanto a la deuda privada auspiciada por la banca como a la pública acelerada por la crisis. Y, por otro, con un sistema financiero que no está en condiciones de proporcionar el crédito que necesita la economía sencillamente porque la banca está quebrada, porque, por mucho que se permita que se manipulen sus balances con artimañas contables, lo cierto es que ha consumido su capital propio y el ajeno en las operaciones de altísimo riesgo y completamente improductivas que lleva realizando desde hace años. Y, para colmo, porque en lugar de disciplinar a la banca, las autoridades le permiten que utilicen los cientos de miles de millones de euros que pone en sus manos para que siga especulando y para que, en lugar de financiar a la economía, se lave la cara y siga disimulando la magnitud del destrozo que ha provocado.
En lugar de hacerle frente con realismo, ante esta situación las autoridades europeas han decidido ponerse al lado de los banqueros para darle todo tipo de facilidades y ayudarles a salir adelante. Renunciando así a la fórmula de solucionarla más racional y efectiva y menos onerosa para los ciudadanos: dejar caer a la banca arruinada y garantizar la financiación como un servicio público esencial a través del Banco Central Europeo y de bancos nacionalizados.
Para justificar su política de apoyo a la banca mienten a los ciudadanos sobre el origen y naturaleza de la deuda y les dicen una y otra vez que lo urgente es aliviarla y moderar la demanda adicional de financiación (porque hemos vivido, dicen, por encima de nuestras posibilidades) y que ello solo se puede conseguir reduciendo los salarios y recortando el gasto público. Porque con salarios más bajos las economía serán más competitivas y obtendrán más ingresos para pagar la deuda y porque con menos gasto público habrá más recursos para pagarla.
Se trata de una política completamente errónea y falsa. Y la mejor prueba de ello son los datos que muestran, como vimos al comienzo, que la economía europea se viene de nuevo abajo cuando se pone en marcha.
La verdad es que lo que persiguen las autoridades europeas es otra cosa. Lo primera, como hemos dicho, salvar a los banqueros porque estos se lo imponen gracias al gran poder político que han acumulado y que ya se traduce en su presencia directa en los gobiernos, es otra cosa. Y complementariamente aplicar la creencia liberal que afirma que la economía sale adelante solo si se dan alas al sector privado. Y eso es lo que les lleva a imponer la privatización del poco capital público que ya va quedando para regalárselo al capital privado, las reformas (laborales, financieras,…) que permitan multiplicar rápidamente los beneficios empresariales y poniendo cada vez más recursos en manos de los bancos y los grandes fondos de inversión (mediante el salvamente bancario o la privatización de las pensiones y del ahorro público).
El problema es que esto no solo es una forma sumamente injusta de repartir de la riqueza, sino también una quimera desde la perspectiva del funcionamiento global de la economía: lo que consiguen es deteriorar la demanda y sin ella solo pueden salir adelante las empresas que tengan mucho poder de mercado y una clientela completamente fidelizada. Para ellas y para los bancos que siguen teniendo barra libre en el Banco Central Europeo y copiosas ayudas de los gobiernos es una jugada perfecta. Pero es letal para las pequeñas y medianas, para los trabajadores y para la economía en general.
Ahora bien. Ya no basta con creer que asistimos a un fracaso indisimulable de la política económica por culpa de errores o de una mala coyuntura. Las políticas de austeridad y recorte de derechos económicos sociales fallan porque simplemente se orientan a distribuir ingresos a favor del gran capital y a aumentar el poder de sus propietarios. Y si tomamos en cuenta el daño que conscientemente están haciendo a millones de seres humanos hemos de reconocerlas no como un error, sino como un crimen económico.
Vicenç Navarro - El Plural.
La presentación (¡por fin!) del programa Monarquía o República, en la televisión pública catalana, TV3, que ha sido retrasada más de un año, y después de cuatro cambios impuestos a los autores Montserrat Armengou y Ricard Belis, está creando un gran debate en Catalunya (más en la red que en los medios de mayor difusión, que continúan considerando el tema de la forma de Estado un tema tabú) que espero se extienda pronto al resto de España. A fin de contribuir a este debate publico ahora, de nuevo, en El Plural, un artículo que publiqué hace más de dos años en Público, 23.04.09 (con el permiso de tal rotativo) modificado para añadir algunas reflexiones al final del artículo.
“Como era predecible, mis críticas al Rey y a la Monarquía han creado gran revuelo, lo cual me fuerza a responder elaborando el por qué creo que sería mejor que en España tuviéramos una República en lugar de una Monarquía. Durante mi largo exilio he vivido en varios países, incluyendo una República, Estados Unidos. Y aún cuando he sido muy crítico en mis escritos con la democracia estadounidense, hay un aspecto de ella que valoro muy positivamente: la cultura republicana en la que las distancias sociales entre el Jefe del Estado y las clases populares son mucho más reducidas que en cualquier sistema monárquico. Tal cultura democrática transmite una sensación de que el poder deriva de la ciudadanía puesto que si a la población no le agrada el Jefe del Estado puede cambiarlo por otro. Es más, cualquier ciudadano puede aspirar a ser Jefe del Estado. Esta distancia se reduce incluso más cuando tal Jefe del Estado procede de las clases populares que sienten al Presidente como alguien suyo. Vimos en 2009 la gran alegría entre las clases populares (y muy especialmente entre la población afroamericana) de aquel país al ser elegido uno de ellos (hijo de una madre pobre y de un padre africano de Kenia) Presidente. La sensación de poder y complicidad con el Jefe del Estado en estas situaciones es enorme. No es sólo la capacidad de elegir al jefe del Estado sino también la percepción de que todos pueden serlo, lo que da gran poder a la ciudadanía.
Tal principio de responsabilidad democrática es negado en una Monarquía. En ésta, la distancia social es intrínseca en el sistema y aparece constantemente, como cuando el Rey llama de tú a todos los ciudadanos, los cuales deben referirse a él de usted, todo ello envuelto en un ambiente jerárquico y cortesano que enfatiza esta distancia. Incluso el Himno Nacional es una marcha real frente a la cual los ciudadanos se yerguen respetuosamente en silencio. Se reproduce así una cultura de vasallaje a la cual algunas izquierdas no son inmunes. Véase el blindaje mediático de la figura del Rey. Voces críticas apenas tienen cabida en los medios de información y persuasión del país.
A estas reservas a la Monarquía añado otras que tienen que ver con los orígenes de la Monarquía en España y su desarrollo durante la democracia. El Monarca no sólo fue nombrado por el Dictador sino que fue parte de la nomenclatura de aquel estado dictatorial dirigido por un General al cual nunca ha criticado. Antes al contrario, lo ha alabado incluso en tiempo de democracia. Así, el 18 de Julio de 1978, la Casa del Rey publicó el siguiente texto: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Tal supuesta regeneración condujo a 192.684 ejecuciones y asesinatos, incluyendo 30.000 (que se ha ido descubriendo que incluye cifras muy mayores, casi 120.000) personas que continúan desaparecidas, estableciendo una dictadura en gran parte responsable del enorme retraso económico y social de España. Cuando el Dictador murió, España tenía el porcentaje más elevado de Europa de personas con escasa educación (84%).
La Casa Real es un círculo profundamente conservador como lo atestiguan declaraciones de sus miembros que incluyen desde las declaraciones de la Reina (definiendo a una de las dictaduras más represivas que han existido en Europa como una dictadura blanda), a las del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, quien subrayó su coincidencia con Pío Moa en una entrevista a El Periódico (08.07.03) en su justificación del golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. El mundo social del Monarca, que es el Jefe de los Ejércitos, es predominantemente el mundo empresarial y financiero. Es un error derivar de los abruptos anti-monarca del ultraderechista Losantos, concluir que las derechas han dejado de ser monárquicas. El eje central de las derechas lo constituye el Ejército, la Iglesia, la Patronal y la Banca, que apoyaron y continuarán apoyando a la Monarquía porque les ofrece un orden constitucional que les favorece. Prueba de ello es la continua promoción de la Monarquía y del Rey en los medios de información que controlan o influencian, que son muchos.
Es el temor a los herederos de la dictadura, incluyendo a la Monarquía, el que ha frenado la corrección de la historia de nuestro país, incluyendo lo que fue la República, la Dictadura y la Transición, presentándose ésta como resultado de la vocación democrática del Monarca, ignorando el papel determinante que tuvieron las movilizaciones obreras que forzaron la apertura democrática que no existía en los proyectos originales aprobados por los gobiernos monárquicos de aquel periodo. De ahí que haya definido esta tergiversada versión de la Transición de la dictadura a la democracia como falsa, es decir que no corresponde a la realidad.
No dije, sin embargo, -como se me acusa- que la Transición era falsa, pues la democracia significó un importante cambio real y no falso. Lo que sí dije, y me reafirmo en ello, es que la Transición fue inmodélica pues la democracia, resultado de aquel proceso dista mucho de ser ejemplar. Tampoco dije, como se me acusó, que el Estado español está controlado por las derechas. Dije que éstas tienen mucha más influencia sobre tal Estado que las izquierdas, lo cual explica la continuación de la democracia incompleta, causa del bienestar insuficiente de nuestro pueblo. Indicar que la Monarquía (junto con la Iglesia, el Ejército, la Patronal y la Banca) no tiene nada que ver con ello me parece que es desconocer la realidad que nos rodea”.
Hasta aquí el artículo que escribí en 2009 y que continúo subscribiendo desde el principio al final. En realidad, estos dos años confirman todavía más la certeza de mi diagnóstico sobre el papel negativo que la Monarquía está jugando en el país, inhibiendo el desarrollo democrático de España. Acabamos de ver el linchamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez en España que se atrevió a intentar enjuiciar los crímenes del franquismo, instruyendo además al Estado a que encontrara a los asesinados por la Falange y por las Fuerzas Armadas sublevadas, apoyadas por la Iglesia Católica, que permanecen desaparecidos. Ello es indicador de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y la baja calidad de esta última. El Estado, su composición y sus aparatos continúan reproduciendo una cultura profundamente conservadora, escasamente democrática, que se nutre de instituciones como la Real Academia de la Historia, cuya expresión de ultraderechismo aparece en su biografía de Franco. Ningún otro país democrático permitiría tales hechos.
La Monarquía es el centro institucional de tal Estado, profundamente conservador, que sigue protegiendo a los grupos que fueron dominantes durante la dictadura (el Ejército, cuyo jefe es el Monarca, la Iglesia Católica, la banca y la gran patronal), y que continúan siéndolo durante la democracia incompleta que tenemos. Desligar la Monarquía de este entramado definiendo al Rey como “republicano”, es una frivolidad que demuestra un profundo desconocimiento de la distribución del poder económico, financiero, cultural, ideológico y mediático en España, y la función reproductora de la Monarquía de tal distribución de poder. El hecho de que España sea el país de la Unión Europea de los Quince con el gasto público social por habitante más bajo y con el fraude fiscal más alto (del cual el 72%, según los técnicos de la Agencia Tributaria, lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año -que representan menos del 0,18% de todas las empresas- y la banca), se debe a esta realidad: la enorme influencia de tal bloque de poder, cohesionado por la Monarquía y la Iglesia católica y defendido por el Ejército, por la policía y por el sistema judicial. De ahí, que el cambio de Monarquía a República no sería un mero cambio de la persona que ocupa la jefatura del Estado, sino el inicio del deshilachado de tal entramado.
La contra-reforma financiera es también profundamente regresiva
Carlos Martínez García – Portuario en Excedencia.
Nos han liado, con toda justicia, en contra de la brutal contra-reforma laboral, que nos arroja de bruces a 1910 o a 1940 en materia de derechos laborales, y ahora nos cuelan la contra-reforma financiera. Esta mal llamada reforma es socialmente tan negativa como la anterior.
Los bancos fuertes y de todas conocidos, se merendarán a nuestras cajas de ahorros, obligadas a fusionarse aun más, robando con ayudas públicas -es decir nuestro dinero- el ahorro popular que aun queda. No olvidemos que el crédito seguirá sin fluir, y por tanto ni se creará empleo, ni muchas pymes podrán sobrevivir y encima las familias y personas particulares tendrán aun más comisiones y sufrirán más acosos bancarios. Se consolidará la dictadura de la banca privada.
Lo único sensato es redoblar la campaña por la nacionalización de las Cajas de Ahorros y exigir la creación de un sistema financiero público.
La “salida neoliberal” a la crisis es tan fuerte y despiadada que exige medidas contundentes contra el pueblo, pues mientras el reino de España avanza hacia la recesión y el empobrecimiento generalizado de las clases populares, los ricos y los banqueros reciben ayudas públicas para sanearse.
La Huelga General Ciudadana es ya imprescindible, pues como asalariadas, paradas, consumidoras y sufridores de los abusos bancarios, nos sobran razones para salir a la calle e ir tejiendo una alternativa antineoliberal de una vez. Reactivemos todas las plataformas unitarias y al combate, por una salida democrática y justa, pero sobre todo por un nuevo modelo social y constituyente.
La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales
Vicenç Navarro – Sistema Digital.
Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.
El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.
Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.
Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.
Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.
Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.
Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores
Adoración Guamán – Universitat de València.
El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.
Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.
Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto.
En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.
Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”, para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses.
El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.
Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobre todo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.
En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:
1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo
- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.
- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.
- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.
- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.
3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:
- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.
- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto.
Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.
Vicenç Navarro – El Plural.
Cuando volví del exilio me sorprendió encontrar la enorme complacencia existente en los mayores forums políticos del establishment español y en la mayoría de sus medios de mayor difusión, que reproducían la imagen tan extendida de que la transición de la dictadura a la democracia en España había sido modélica. Esta percepción estaba ampliamente extendida, no sólo entre las fuerzas conservadoras, sino también en amplios sectores de las izquierdas.
Mi lectura de la situación política, económica y social de nuestro país me llevaba, en cambio, a una conclusión totalmente diferente, opuesta a la definida como modélica. Escribí entonces mi libro Bienestar Insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, en el que documentaba los enormes déficits sociales de España, resultado de tener una democracia enormemente incompleta, consecuencia de una transición inmodélica. Tal transición se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas ultra conservadoras, herederas del régimen dictatorial anterior, que controlaban los aparatos del Estado, así como los poderes financieros (la banca), empresariales (la gran patronal), ideológicos (la Iglesia) y represivos (el Ejército, la Policía y la Judicatura), situación que, treinta y tres años después de terminar la transición, continúa.
Ello explica la baja calidad democrática de las instituciones llamadas representativas, diseñadas a fin de minimizar el riesgo de que una movilización popular, a través de las urnas, pudiera amenazar sus intereses. España es uno de los países de la UE donde está más limitado el derecho de representación y participación. El eslogan del movimiento 15-M “no nos representan”, denunciando al establishment político, refleja bien la situación actual, donde las instituciones autodefinidas como representativas distan mucho de representar los intereses de las clases populares, que son la mayoría de la ciudadanía. El mejor indicador de ello es la enorme distancia que existe entre los gobernantes y los gobernados, habiéndose impuesto en los últimos tres años de crisis toda una serie de políticas públicas que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes, y que no gozan de apoyo popular. No ha sido la crisis sino la respuesta a ella lo que ha mostrado con toda claridad la baja calidad de las supuestas instituciones representativas. Los innecesarios y contraproducentes recortes de gasto público, incluyendo el social, han deteriorado todavía más el subdesarrollado Estado del Bienestar español. No es sorprendente, pues, que la crítica al establishment político, que está realizando el movimiento de los indignados, cuente con amplio apoyo y simpatía entre la mayoría de la ciudadanía española.
En mi libro Bienestar Insuficiente. Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, documentaba que el dominio de las fuerzas herederas de la dictadura en el proceso de transición había causado el gran subdesarrollo social de España. El libro despertó gran hostilidad por parte del establishment político, incluidos algunos círculos de izquierda, y muy en especial, entre figuras que habían sido protagonistas de aquella transición (a los cuales continúo teniendo gran estima), compañeros de la lucha contra la dictadura en los años cincuenta, sesenta y setenta, que se sintieron molestos con mi definición de su transición como “inmodélica”. Pero me parece que, por desgracia, los hechos que han estado ocurriendo muestran que mi definición de aquella transición era, y continúa siendo, acertada.
¿Cómo puede ser que más de 120.000 de nuestros muertos, los muertos que fueron asesinados, debido a su compromiso con la democracia, por el partido fascista -la Falange- y las Fuerzas Armadas golpistas, con el apoyo de la Iglesia Católica, continúen, además de asesinados, desaparecidos, sin que el Estado, supuestamente democrático, les hayan encontrado, enterrado y homenajeado, y sin enjuiciar a la vez a sus asesinos y a las autoridades que les protegieron, de los cuales hay muchas que continúan con vida (y la lista es larga), encontrándose en los niveles altos del Estado, de la Iglesia, de las finanzas y de las grandes empresas? Y, ¿cómo puede ser que nada menos que el Tribunal Supremo, respondiendo a la petición de la Falange y asociaciones próximas a la Falange, comience esta farsa que estamos viendo, en una campaña de linchamiento contra el único juez que intentó corregir esta enorme injusticia?
Todos los indicadores parecen mostrar que los miembros del Tribunal Supremo o no son conscientes del enorme desprestigio que están causando o que no les importa tal desprestigio, pues lo único que desean es impedir que el orden (en realidad desorden) imperante en España se altere. Es importante observar que el mismo día que se condenaba al juez Garzón la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abría una investigación al juez José Castro que había osado abrir una investigación del comportamiento poco ejemplar (para ser amable) del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.
Ante estos hechos, ¿cómo se puede concluir que la transición fue modélica? Lo único que nos queda a los ciudadanos de a píe es la protesta, la agitación y la movilización social. De ahí el enorme valor del movimiento 15-M, que debería contar no sólo con la simpatía, sino con el apoyo activo de la población, que estando indignada no sabe qué hacer. Hoy, en España, el que no está indignado es o bien porque es parte del establishment y por lo tanto, parte del problema, o es que es una persona incapaz de reaccionar emotivamente al mundo que le rodea. En España, se tiene que redefinir todo lo redefinible, incluyendo, por ejemplo, la necesidad de cambiar toda esta casta judicial de ultra derechas heredadas del régimen anterior, que continúan dominando nuestro sistema jurídico, uno de los sectores, junto con las fuerzas armadas, que han cambiado menos desde la transición. Hay que hacer que los jueces estén al servicio de la población, siendo ésta la que les elija directamente, como ocurre en otros países democráticos, rompiendo con un conservadurismo corporativista claramente antidemocrático. Debieran ser, como los define la narrativa anglosajona, “civil servants”, es decir, servidores de la ciudadanía y no, como son ahora, sirvientes del poder.
Para la salud democrática del país es importante que los jóvenes se rebelen y que sean irreverentes con el poder, mostrando la enorme falsedad que le sostiene. Nuestros padres lucharon en condiciones durísimas en contra del golpe militar fascista. Nuestras generaciones continuamos esa lucha para terminar con la dictadura y las nuevas generaciones debieran luchar para exigir el pleno desarrollo democrático que la ciudadanía se merece y todavía no ha conseguido.
Reforma laboral del PP: la voladura controlada del derecho protector del trabajo
Juan Torres López / Alberto Garzón – Altereconomía.
El pasado viernes el gobierno del PP anunció una nueva reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley en las próximas semanas.
Como en ocasiones anteriores, el gobierno la presenta como el camino imprescindible y seguro para solucionar el problema del paro que es el que más preocupa desde hace años a los españoles. Ahora se dice textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedad que gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y lucha contra el fraude…
Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.
¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?
El problema radica en que, aunque se oculte, ya disponemos de suficiente experiencia sobre lo que de verdad se consigue con el tipo de medidas flexibilizadoras, de recorte de derechos laborales y de abaratamiento del trabajo que de nuevo se vuelven a imponer.
En esta primera valoración de urgencia de la reforma no podemos hacer una análisis exhaustivo de todas ellas así que nos vamos a limitar a poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la estrategia general que persigue y las medidas concretas más relevantes que contiene no han permitido nunca alcanzar los objetivos que dice el gobierno que van a conseguir ahora (más empleo, más empleo de calidad y mejores condiciones de la economía en general). Y que, por tanto, no hay razones para esperar que ahora puedan lograrlo.
La estrategia de la reforma
Las diferentes medidas que contiene la reforma no comportan una a una grandes novedades (salvo las referidas a la negociación colectiva que comentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmente en las grandes líneas estratégicas de las reformas laborales que se vienen llevando a cabo desde los años ochenta:
- Abaratar el despido:
La nueva reforma reduce la indemnización de 45 días por año con un limite de 42 mensualidades en el despido improcedente y a 33 días con un limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos; modifica las causas de despido para evitar el control judicial; elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos; y facilita el despido por absentismo y el debido a enfermedad.
- Flexibilizar el marco general de las relaciones laborales:
La nueva reforma amplía las posibilidades de movilidad geográfica; facilita al empresario la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo; y permite suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo, sin autorización administrativa.
- Promover la negociación individual de las condiciones de trabajo acabando con la colectiva:
La nueva reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el arbitraje obligatorio; acaba con la prórroga automática de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; y da preferencia siempre al convenio de empresa respecto al sectorial.
- Abaratar el empleo (especialmente de los jóvenes) permitiendo la existencia de auténticos contratos basura y la intensificación del trabajo femenino:
La nueva reforma crea un nuevo tipo de contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas españolas y que podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario; también otro contrato para la formación y el aprendizaje que se desvincula de la formación del trabajador; modifica el contrato a tiempo parcial para permitir la realización de horas extraordinarias y se fomenta este último tipo de contratación, como dice textualmente la propia nota informativa, para compatibilizar el empleo con la vida familiar y personal, lo que, en ausencia de políticas de corresponsabilidad, especializará a las mujeres en este tipo de empleos.
Además de todo ello conlleva otras medidas como las de bonificaciones y subvenciones, cambios institucionales significativos (como acabar con el monopolio de la formación de patronales y sindicatos lo que aún es pronto para saber el efecto práctico que pueda tener), la posibilidad de que los organismos públicos lleven a cabo expedientes de regulación de empleo, más privilegios a las grandes empresas de trabajo temporal y,como corolario de todo lo anterior, facilitar la reducción de los costes laborales y la moderación salarial.
Aparentemente, a grandes rasgos, la reforma podría simplemente considerarse como realmente limitada y una más en la línea de las anteriores y tendría la misma utilidad que han tenido y que ya hemos denunciado en otros textos (¿Qué se pretende con la reforma laboral?). Pero creemos que sería un gran error no descubrir la auténtica carga de profundidad que llevan consigo estas nuevas medidas laborales.
A nuestro juicio, la reforma del Partido Popular comporta una gran novedad y es que prácticamente renuncia a llevar a cabo modificaciones profundas en las condiciones relativas al entorno general en el que se mueven las relaciones entre empresarios y trabajadores (en la flexibilidad del mercado) para centrarse en la protección de los intereses del empresario, aumentando la flexibilidad interna de la empresa por la vía de darle a un poder de decisión frente a los trabajadores mucho mayor que el que hasta ahora tenían.
Lo que esta reforma busca no es, como en otras ocasiones, que el mercado de trabajo español responda en mayor medida a los principios que vienen sosteniendo los economistas neoliberales, que todo él sea más flexible para facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo. No. Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es, por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico.
Por eso la reforma va a ser mejor recibida por la patronal que por los analistas económicos neoliberales que, en realidad, han visto frustradas sus propuestas de los últimos años (sobre todo, la del contrato único) orientadas a desregular la totalidad del mercado y no solo la actividad en el interior de la empresa (aunque valoren positivamente lo que la reforma propone en este campo).
La reforma es efectivamente tímida desde el punto de vista neoliberal en lo que se refiere a la macroregulación del mercado laboral pero posiblemente sea la reforma más profunda y radical de los últimos treinta años desde el punto de vista de la distribución de los poderes de decisión y por tanto de apropiación entre propietarios del capital y los trabajadores. Y esto es lo que no debe pasar desapercibido.Es una reforma decisiva no por lo que va a conseguir a corto plazo sino por las condiciones que establece para el futuro de la economía española que, con el nuevo diseño del marco laboral que se le impone, no podrá especializarse sino en el suministro de servicios de baja calidad y valor añadido para ponerse a la altura, en todo caso, de las economías más empobrecidas de nuestro entorno.
El gobierno no ha planteado una reforma para crear empleo, ni para crearlo de calidad, ni para disminuir la temporalidad, ni la dualidad, ni mejorar la formación sino para proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar y que, como consecuencia de las políticas de austeridad que aplica y de las concesiones que hace a la banca, sus negocios tendrán menos demanda y menos actividad productiva y, por tanto, menos necesidad de empleo.
Las medidas verdaderamente relevantes de la reforma son las encaminadas a dar prioridad a los convenios de empresa, a permitir que los empresarios puedan modificar unilateralmente las condiciones individuales de los trabajadores (con control judicial ex post) y las condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos, especialmente las relativas a jornada, y a eliminar la prórroga automática indefinida de los convenios (la ultraactividad).
Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores estableciendo que a partir de ahora “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Y esas modificaciones se considerarán sustanciales cuando afecten a materias como jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y, en algunos casos, funciones. Es decir, a la práctica totalidad de las que tienen que ver con las condiciones de trabajo.
Este es el cambio radical que comporta la reforma. Radical pues lo que hace en la práctica es una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo. En lugar de que el legislador admita que en la relación laboral hay una asimetría profunda porque empresario y trabajador parte de situaciones diferentes y disponen de un poder de negociación muy desigual, y que, por tanto, el segundo necesita normas que lo protejan, se concede ahora todo el poder de decisión a quien lo tiene de partida por ser el propietario del capital frente a quien solo dispone de su fuerza de trabajo.
A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basa en el principio más reaccionario e injusto que puede tener una norma: tratar igual a los desiguales. Poniendo al empresario frente al trabajador individual, sin que a éste le pueda apoyar un convenio que es el resultado del poder colectivo mucho mayor que el suyo propio, la consecuencia inevitable no va a ser otra que la degradación de las condiciones laborales.
Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno y los economistas neoliberales llamen a eso “modernización de la negociación colectiva” cuando lo que hace la reforma en realidad es retroceder a la forma en que se contrataba a los trabajadores en el sigo XIX.
Todo lo demás de esta reforma es accesorio y en el debilitamiento del poder negociados de los trabajadores en donde se encuentra su núcleo duro de la reforma.
A medio y largo plazo, como queda dicho, no va a traer otra consecuencia que el deterioro del mercado laboral y la degeneración de las condiciones de trabajo y, con ello, el de toda la economía. Y está por determinar cuál va a ser su efecto definitivo a corto plazo teniendo en cuenta que el gobierno ha puesto al alcance de los empresarios dos vías de respuesta ante la mala coyuntura en la que estamos que provocarán efectos diferentes según se use preferentemente una u otra: el despido más barato para aliviar plantillas y el reajuste interno, ahora más cómodo, para evitarlo.
¿Qué podemos esperar de la reforma?
¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno y será verdad que con el despido más barato las empresas contratarán a partir de ahora más empleo indefinido que temporal?
¿Optarán mejor la mayoría de las empresas por aprovecharse en los próximos meses del despido más barato para desembarazarse de contratos indefinidos y sustituirlos por temporales o por los más precarios que crea la reforma?
¿O aprovecharán las empresas las facilidades que le concede la reforma para llevar ajustes internos sin recurrir a despidos, consolidando entonces plantillas más precarias, versátiles y baratas?
¿Es cierto, como creen los dirigentes empresariales, que lo que se necesita para salvar a las empresas españolas en esta coyuntura crítica es darle más poder a los empresarios y reducir los derechos laborales y el coste del trabajo? ¿Será suficiente con eso para evitar que sigan cerrando miles de empresas y perdiéndose cientos de miles de empleos?
Naturalmente no tenemos la intención de jugar a ser adivinos ni tampoco queremos ser agoreros. Pero resulta, como decíamos al principio, que hoy día sabemos lo que ha ocurrido en España y en otros países cuando se han tomado este tipo de medidas y que, en consecuencia, se puede aventurar lo que va a volver a suceder con las que se van a aprobar ahora.
La evidencia empírica nos dice con bastante claridad lo que suele suceder cuando se reduce el coste del despido, que es lo que viene haciéndose desde los años ochenta y en España en mayor medida que en ningún otro país de la OCDE. A saber:
- No se crea empleo neto porque facilita mucho su destrucción en etapas de recesión como la actual.
- No disminuye el nivel de desempleo porque también se ha demostrado hace tiempo que las decisiones sobre contratación de los empresarios dependen de otros factores distintos a los costes del despido.
- No reduce la temporalidad ni se produce un incremento sustantivo de la contratación indefinida.
Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva como la actual, lo que con toda probabilidad cabe esperar de la medida que ha tomado el gobierno es que produzca lo mismo que se consiguió con las sucesivas reducciones del coste del despido: que aumenten los despidos.
Por otro lado, la evidencia empírica también demuestra justamente lo contrario de lo que afirman quienes defienden este tipo de reformas. La mayor flexibilidad interna en las empresas puede ser generadora de empleo en algunas. En realidad, casi exclusivamente en las que no resulten muy afectadas por la caída en la demanda que inevitablemente lleva consigo la reducción de los ingresos que produce la mayor precarización del empleo cuando se recortan los derechos y el poder de negociación de los trabajadores.
Y es fácil constatar que ha sido precisamente la progresiva flexibilización de las relaciones laborales que se viene produciendo en los últimos treinta años la que ha traído consigo el empleo de baja calidad, los salarios más bajos y el fenómeno de la “dualidad” en el mercado de trabajo, esto es, la existencia, por un lado, de trabajadores con contratos indefinidos, alto grado de seguridad y aceptables condiciones de trabajo y, por otro, de otros con empleo temporal, inseguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello, una menor demanda y ritmos más bajos de crecimiento de la actividad económica y en la creación de empleo.
Es por eso que se pueda aventurar que si las empresas españolas optan por el reajuste interno haciendo uso de la mayor flexibilidad interna que ofrece la nueva reforma, quizá podría mantenerse el empleo pero esto siempre que existiese suficiente demanda efectiva. Pero incluso en ese caso, lo que ocurriría sería que empeoraría la situación de los trabajadores con mejores empleos sin mejorar a los precarios de contratos temporales. Una vía retrógrada de “luchar” contra la dualidad.
Pero sin mejorar las condiciones de entorno del mercado de trabajo, manteniendo las políticas de restricción del gasto y de moderación salarial, lo que inevitablemente va a ocurrir es que habrá menos demanda y que la inmensa mayoría de las empresas (las que no disponen de gran poder de mercado o de yacimientos de actividad en el mercado global) no van a poder sobrevivir ni mantener el empleo actual por mucho poder de decisión que acumulen los empresarios. Imponiendo salarios cada vez más bajos y reduciendo el gasto en la economía, ese poder no les va a servir de mucho. Nadie puede salir de un hoyo tirándose de los pelos que es lo que en realidad le ofrece el gobierno a los empresarios con este nuevo marco de legislación laboral tan favorable para ellos.
En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando sobre el cuello de las empresas y los trabajadores españoles la misma espada de Damocles que se obstinan en no tener en cuenta ni la patronal ni los economistas neoliberales: la falta de actividad y las malas condiciones macroeconómicas. Un gran número de análisis empíricos han mostrado que, incluso si se pudiera aceptar que actuar sobre algunas de las variables institucionales que las tesis ortodoxas consideran como causa del desempleo tuviera un efecto significativo sobre el nivel de empleo o sobre su calidad cuando se analizan aisladamente, lo que generalizadamente ocurre cuando se toman en consideración otras variables es que o no lo tienen o es mucho menos determinante que otros factores relativos a las condiciones macroeconómicas en que se desenvuelve el mercado de trabajo (Ver V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, “Hay alternativas. propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, Sequitur, pp. 83 y siguientes).
Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que las empresas españolas vayan a optar en esta situación recesiva que va a ir a peor por reajustar internamente sus plantillas y no por despedir con menos coste a sus trabajadores, los fundamental está sin resolver: en la economía española no hay demanda suficiente ni la financiación necesaria para que las empresas pueden crear o incluso mantener el empleo por muy protectoras del empresariado que sean las nuevas normas laborales.
En lugar de abordar este asunto, que es el prioritario y del que realmente depende que se mejore el mercado laboral y se salven miles de empresas y millones de empleos, el gobierno del Partido Popular ha preferido ir por la vía más fácil de concederle más poder a los empresarios ya de por sí más poderosos y de quitarle derechos y capacidad de decisión a los trabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa mayoría de los empresarios les va a compensar disponer de estos privilegios decimonónicos porque empobrecer a los trabajadores es empobrecer a la sociedad y, a la larga, a los propios empresarios que realmente se dedican a crear riqueza y empleo.
¿Quién se puede creer que de verdad se puede progresar en el siglo XXI tomando como referencia los principios de actuación y las normas del XIX?
Comunicado de las Mesas de Convergencia ante el “decretazo laboral”.
La imagen servil del Ministro Guindos informando de la “agresividad” de la reforma laboral al comisario de la UE Olli Rhen respondida con la expresión ¡Genial! ha sido confirmada por el Decretazo laboral del pasado 10 de febrero.
El gobierno de Rajoy intenta superar al fracasado gobierno de Zapatero en demostraciones de obediencia ante Merkozy y sus lugartenientes de la UE aunque sea a costa de sacrificar los derechos laborales de los trabajadores/as del estado español y de provocar con ello la depresión de la economía española y agravar una cifra de paro dramática.
En efecto, con esta “contra-reforma” laboral se supera el alcance de las anteriores, es un verdadero salto cualitativo que desequilibra radicalmente la legislación laboral en beneficio de los empresarios al fortalecer su poder, debilitando enormemente los derechos laborales de los trabajadores y consiguientemente su poder sindical.
A pesar del discurso modernizador y del pretendido objetivo de favorecer la creación de empleo y reducir el paro, el “decretazo” es un viaje hacia el pasado lejano cuando el capitalismo actuaba sin límites legales y los trabajadores iniciaban su larga lucha por conquistar los derechos elementales, y por el contrario, va a facilitar la masiva destrucción de empleo.
La práctica totalidad de la población asalariada de España va a estar amenazada por las facilidades de despido y los recortes de salario y empeoramiento de las condiciones de trabajo contenidas en la “contra-reforma”, en un contexto de grave recesión, de pérdidas, y de “justificables” disminuciones de los ingresos y ventas…
La suma de los efectos causados por el abaratamiento del despido a través de la generalización del despido procedente de 20 días por año y un límite de 12 meses, las mayores facilidades para el despido procedente, en la tramitación de los ERES sin autorización previa de la administración y en plazos abreviados, la ampliación de las facilidades de despido al personal laboral en el sector público con la simple justificación de dificultades presupuestarias en un contexto de imposición “constitucional” de reducción del déficit, junto a las facilidades para inaplicar los convenios respecto de los salarios, jornada, movilidad, etc., la liquidación de la ultraactividad de los convenios, las nuevas modalidades de precarización del contrato de trabajo con periodos de prueba de 1 año en el que los empresarios actuarán a su antojo.., , etc., todo ello, solo puede provocar mas desempleo, recortes de salario, y en consecuencia más recesión, y vuelta a empezar en una espiral al infierno social.
El “decretazo” forma parte de un paquete de “contra-reformas” más amplio, la judicial, la ley orgánica presupuestaria de las administraciones públicas, etc., más las que vendrán sino lo impedimos, y que en conjunto se refuerzan en sus objetivos al precio de provocar la pobreza generalizada, la desesperanza social, una década de depresión económica, y el deslizamiento veloz hacia un régimen autoritario.
Es urgente organizar una respuesta social y ciudadana a la altura del reto. Ellos o nosotros. Arriba la minúscula minoría de grandes empresarios y banqueros exultantes con el texto de la “contra-reforma”, abajo, el 99% de la ciudadanía y el conjunto de la clase trabajadora víctimas de la crisis del capitalismo especulador y explotador.
Las lecciones del pasado enseñan que el posibilismo a ultranza, la división y el sectarismo no ayudan para derrotar las agresiones del neoliberalismo. Es necesaria la más amplia unidad para derrotar el “decretazo”.
Las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y Acción llamamos a preparar desde ya la Huelga General, y cuantas acciones sean precisas, hasta que la “contra-reforma” laboral sea retirada del BOE y del Congreso de diputados. En lo inmediato, llamamos a participar en la manifestación del próximo 19 de febrero y de las acciones que se convoquen por el mismo objetivo.
¡A la calle ciudadanos que es hora! Todos unidos, trabajadores/as en activo y sin empleo, jóvenes y mujeres, estudiantes, autónomos y pensionistas. Todos hermanados, 15M, sindicatos, colectivos de parados, organizaciones cívicas, sociales y políticas. Es la hora de la rebeldía para defender nuestros derechos, y por la esperanza de un mundo mejor, más justo y democrático.
Movilización ciudadana en defensa de la justicia y la democracia
Comunicado de las Mesas de Convergencia ante la “contra-reforma” judicial del gobierno del PP.
La continuidad y profundización de las mas duras políticas neoliberales, los recortes de gasto en prestaciones y servicios sociales básicos, el incremento del desempleo hasta cifras nunca antes alcanzadas, el saqueo por los bancos de las viviendas de las victimas del fraude hipotecario mediante desahucios judiciales,… ponen de manifiesto una situación social plagada de injusticias y agresiones a los más débiles, a los de abajo, que sin duda traerá mas protestas ciudadanas de las que ya viene repitiéndose en nuestro país desde hace meses, protagonizadas por el estallido de la indignación acumulada de la inmensa mayoría de las personas.
Recortes sociales y recesión económica, empobrecimiento, protesta social, son la secuencia de acontecimientos que el estado neoliberal prevé y frente a la cual ha puesto en marcha una contrarreforma de la justicia y las leyes penales para facilitar e incrementar la represión y criminalización del descontento ciudadano.
El Ministro de Justicia acaba de anunciar las inmediatas medidas del Gobierno del PP para poner en marcha esta inmensa regresión en los derechos y libertades civiles fundamentales, lo que de hecho supone una nueva vuelta de tuerca en la degradación de la calidad de la democracia otorgada con la Constitución de 1978.
El Gobierno y sus aliados en el poder financiero han decidido eliminar la, desde antes mermada por indirecta, capacidad de los ciudadanos de participar en la elección del Gobierno del Poder Judicial, a pesar de que el articulo 117 de la CE afirma que “la justicia emana del pueblo”. Así, el órgano de Gobierno del Poder Judicial, uno de los tres poderes públicos que contempla nuestros sistema constitucional, será elegido mayoritariamente entre los propios jueces de forma directa (al menos 12 de sus 21 miembros), en una operación de usurpación de soberanía popular de la que resultaran directamente beneficiados los jueces nostálgicos del Franquismo que han llevado al banquillo de los acusados hasta, hasta ahora, tres veces al Juez Garzón
El Gobierno del PP ha anunciado que los Magistrados del Tribunal Constitucional pasaran a ser “vitalicios”, cual Jefe de Estado de la Constitución de 1978, en un intento de asimilación al sistema estadounidense donde los lobbys político-económicos controlan la interpretación de las leyes a través de privilegiadas relaciones con los magistrados vitalicios de la Corte Suprema
Un Justicia “censitaria” y ajena a la realidad social, que cumplirá diligentemente su misión de endurecer el castigo a la disidencia en aumento y a la protesta política, sindical y social.
La introducción de la Prisión Perpetua Revisable, cuando no existe justificación alguna al acabar de desaparecer en España el ultimo vestigio de violencia política armada, es un injustificado retroceso de siglos en las políticas criminales, y supone la imposición de una pena indeterminada y cruel –así está calificada internacionalmente la cadena perpetua-, de la que no se sabe su duración exacta, valorándose subjetivamente la anterior por el mismo poder judicial que ahora se auto elige, lo que quiebra el principio de legalidad penal intrínseco a los sistemas democráticos y priva al condenado de su derecho esencial a conocer la amplitud y duración de su condena.
Nos anuncian una contrarreforma del Código Penal y las leyes de enjuiciamiento que restringirá los derechos ciudadanos a golpe de titular periodístico, “alarma social” auto creada que otorga la coartada buscada para desarrollar un “derecho penal de autor” o “del enemigo” dirigido no a ilícitos penales sino a colectivos concretos identificados como disidentes u opositores antes de que hayan actuado. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha manifestado en distintas ocasiones que la “alarma social” es un concepto ajeno al texto constitucional y por lo tanto inadecuado para justificar reforma legal alguna.
El endurecimiento del tratamiento de la multi-reincidencia primará castigar los delitos comunes menores propios de situaciones de exclusión social, en un país como España, donde la población reclusa es proporcionalmente de las más altas de Europa a pesar de tener unos índices de criminalidad situados en la media inferior comunitaria. Nada se anuncia sobre el endurecimiento de los delitos económicos o “de cuello blanco”, perpetrados únicamente por los dueños de los “mercados”.
De auténtico retroceso civilizatorio calificamos la desaparición del tratamiento penal diferenciado a los menores implicados en delitos, que volverán a ser juzgados junto a los mayores de edad por los mismos tribunales que a estos. A la par, las menores de edad mayores de 16 años no podrán decidir libremente la interrupción de su embarazo, como concesión a la iglesia católica española a costa de criminalizar a cientos de niñas menores de edad.
Finalmente, la introducción de tasas para poder recurrir las sentencias dictadas en las jurisdicciones civiles y contencioso administrativa, introduce de facto un “copago” judicial que hará a un más difícil a los ciudadanos o empresas más modestas defender sus derechos, consolidándose así una justicia para ricos. Esta reforma recaudatoria carece de justificación como elemento disuasorio de litigar sin fundamento, a efecto de acabar con el colapso de la justicia, toda vez que ya existe el mas que disuasivo mecanismo de la condena en costas a llaparte vencida, condena que efectivamente disuade de pleitear, o recurrir en este caso, de forma injustificada, arbitraria o irreflexiva
Con la reforma de la Justicia y de las leyes penales propuesta por el PP, se perpetra una grave agresión a los derechos humanos fundamentales de todas las personas.
La condena de Tribunal Supremo por el que se expulsa de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón por el caso de corrupción de la trama Gurtel, su enjuiciamiento por investigar los crímenes imprescriptibles de “lesa humanidad” del franquismo, y por otro lado la inoperancia de la justicia frente a los delitos de corrupción con sentencias escandalosas como la declaración de no culpable del expresidente valenciano Camps, son muestras de los males que corroen la justicia en España. La “contrarreforma” del gobierno del PP, lejos de sanear democráticamente la enferma justicia española, socavará su ya escasa credibilidad.
Los ciudadanos/as no debemos permanecer pasivos ante el “contra-reformazo” judicial que favorece la reacción y el autoritarismo. En defensa de la Justicia, los derechos y la democracia llamamos a la ciudadanía, a través de las organizaciones cívicas, sociales y políticas, a movilizarse unitariamente para detener la contra-reforma judicial que promueve el Ministro Gallardón y su Gobierno.
Armando Fdez. Steinko – Piensa y Actúa.
Alemania se ha colocado en el punto de mira de la política europea. A la mayoría les sorprende la radicalidad con la que se niega a colaborar en la construcción de un proyecto solidario europeo. Sin embargo los síntomas de que la gran política alemana ya no está comprometida con la creación de un orden solidario en Europa datan de los años de la unificación alemana. Maastricht esta fuertemente inspirado en la cancelación de las políticas solidarias europeas de décadas anteriores. Su derrumbe no está llevando, sin embargo, a la vuelta a la situación anterior a 1991. Todo lo contrario. Existe el peligro de que se refuerce el unilateralismo alemán, la gran pesadilla de la política europea a lo largo de todo el siglo XX. Hoy, en Alemania, se discuten tres “salidas” a la llamada crisis del euro:
a.) la cancelación del compromiso alemán con la Moneda Única y el inicio de una andadura alemana en solitario, tal vez en un espacio monetario en el que también estarían integradas Austria, Países Bajos, y Finlandia, los tres tigres exportadores europeos. Esto llevaría a un acercamiento a Rusia y a China sin que esto deba ser interpretado como una alianza estratégica o una ruptura con los compromisos transatlánticos. El proyecto europeo tal y como hoy lo conocemos dejaría de existir. Hay un argumento que se esgrime en contra: la revaluación de la moneda alemana. Sin embargo, hay voces autorizadas como las de presidente del Instituto Ifo de Munich, una de las voces más relevantes de la economía alemana, Hans Werner Sinn, que minimizan este peligro. Así, Suiza consiguió devaluar su moneda en un 20% cuando hace meses casi consiguió una paridad con el euro. Este aspecto es fundamental pues la razón de Estado alemana reposa hoy en las políticas de su lobby exportador, lobby que necesita una moneda sólida pero devaluada. Esta salida le preocupa a Francia que se pliega a las exigencias alemanas para evitarla por todos los medios pues podría generar una reedición del “problema alemán”. El 31% de la población alemana apoya esta salida. Mis sospecha es que las reticencias de Merkel a aceptar la emisión de eurobonos tiene como objetivo crear hechos consumados para que “no quede más remedio” que apostar por esta salida. Sigue siendo, sin embargo, arriesgada para Alemania por muchas razones. Si el resto de la zona euro se estanca en la recesión, en parte debido a las políticas deflacionistas impuestas por Alemania, mientras Alemania crece muy por encima de la media europea, se puede avecinar un escenario de este tipo. Lo mejor para evitarlo es por ello que también Alemania sea víctima de sus propias políticas deflacionistas que hoy por hoy le impone al resto de la zona euro.
b.) el mantenimiento del compromiso europeo de Alemania. Esto la obligaría antes o después de aceptar un cambio en las reglas que regulan el funcionamiento del Banco Central Europeo y una aceptación de los eurobonos. Los eurobonos son actos de solidaridad europea pues reparten por igual el coste del diferencial de la deuda entre todos los países de la zona euro. La mayoría de la población alemana apuesta hoy por esta salida, especialmente el sector más “verde” del lobby exportador y el grueso del movimiento sindical (“corporativismo para la competitividad”). Antes o después esta salida tendría que poner fin a las actuales políticas insolidarias, es decir, a los desequilibrios comerciales en la zona euro. El lobby exportador y muchos otros sectores se niegan a aceptar esto pues significaría perder puestos de trabajo frente al sur de Europa. Pero la presión a evitar la primera salida también es muy fuerte y no quedaría más remedio que hacerlo. Si se produce un cambio de gobierno (por ejemplo un gobierno rosa-verde) habría posibilidades de que se impusiera este planteamiento aunque no tengo muy claro si un gobierno alemán puede hacer frente a sus consecuencias.
c.) la reorientación de la economía alemana hacia la expansión interna, es decir, el arrinconamiento del lobby exportador. Esta es la salida que propone la izquierda pues lleva implícito un aumento de los salarios reales en Alemania y la reducción del resto de las balanzas comerciales de la zona euro. Los medios de comunicación, el lobby exportador y seguramente también las insuficiencias de Die Linke explican que esta alternativa no sea mayoritaria en Alemania a pesar de que este es el país de la UE en el que los salarios han crecido menos en los últimos quince años (políticas de contención salarial a cambio de mantener puestos de trabajo de Schröder/Merkel). Esta salida es la única que abre una perspectiva solidaria y estable para Europa aunque requiere de una refundación del proyecto europeo. Debería ser la que defendieran todos los países con déficit independientemente de su color político.
¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? Volvamos la vista a los años 1970.
Los países de la Comunidad Económica Europea, cuyas economías habían venido convergiendo en términos reales durante los años del capitalismo regulado, intentaron salvar su proyecto común de las olas especulativas creando en 1978 el Sistema Monetario Europeo (SME). Este sistema obligaba a los gobiernos a intervenir cuando la cotización de sus monedas se alejara de un cambio medio calculado a partir de una cesta de monedas. Estaba inspirado en un esquema multilateral similar al que propuso Keynes hacia 1945, similar también al que subyacía al proyecto de creación de los Derechos Especiales de Giro en 1969.
Aun cuando se inscribe ya en una lógica de estabilidad y de disciplina presupuestarias que presagiaba el vuelco neoliberal en Europa, el potencial de solidaridad que llevaba implícito el SME era aún importante. De alguna forma representaba una pequeña isla en la que se conservaba el espíritu de cooperación monetaria internacional que había dominado todo el espacio de la OCDE hasta 1971. Dentro de lo que entonces era el Mercado Común, los países con niveles de productividad superiores e índices de inflación bajos asumían una parte del coste de la adaptación de las economías de los países con menos productividad e inflaciones superiores. Cuando se producía un superávit comercial y, en consecuencia, una demanda excesiva de monedas fuertes, los bancos centrales se comprometían a vender moneda fuerte y a comprar moneda débil con el fin de equilibrar sus respectivos tipos de cambio. La razón de ser de esta política era que un desequilibrio excesivo de la balanza comercial tampoco les interesaba a los países con monedas fuertes pues encarecía sus exportaciones y frenaba su propio crecimiento y creación de empleo. El desarrollo de este sustrato cooperativo habría permitido profundizar en la convergencia real de los diferentes países si las políticas económicas hubieran sido otras. Con los años, el proyecto acabó degenerando en una empresa de raíz más y más competitiva en la que el multilateralismo fue sucumbiendo al unilateralismo. Alemania acabó aprovechando el enorme peso de su economía para utilizar el SME en beneficio propio, para ampliar su hegemonía económica dentro de Europa.
Alemania ya pertenecía entonces al grupo de países de fuerte orientación exportadora. Esta orientación ha ido en aumento hasta desembocar en la situación actual. No hay un caso igual en todo el mundo: es el país del planeta cuyo sector exportador tiene el mayor peso en relación al potencial de desarrollo de su propio mercado interno: más de ochenta millones de personas. Es un porcentaje superior al de Japón y muy superior también al de los tigres exportadores de la UE (Países Bajos, Austria y Finlandia). Su sistema productivo no sufrió una destrucción excesiva durante la Segunda Guerra Mundial si se compara con su tejido urbano y residencial. La pérdida en Yalta de sus territorios del Este había provocado la concentración en el territorio inicial de la República Federal de millones de trabajadores cualificados que ofertaban sus capacidades a bajo coste inmediatamente después de la guerra. Esto permitió que sus empresas se especializaran en producciones de calidad y alto valor añadido sin tener que pagar salarios demasiado elevados por un trabajo cualificado.
La restauración política, que afectó a casi toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue especialmente severa en Alemania Federal. Este hecho retrasó la aplicación de políticas keynesianas orientadas al desarrollo de los mercados internos y la expansión del sector público prácticamente hasta finales de los años sesenta. La mayoría de los gobiernos alemanes empezaron a practicar desde entonces políticas neomercantilistas destinadas a apoyar las actividades de I & D, a fomentar las cualificaciones industriales y las industrias exportadoras que consiguieron consolidar su poder en un país deseoso de enterrar su pasado nacionalsocialista bajo la capa neutra del éxito económico. Todo esto fue imponiendo una política monetaria absolutamente ortodoxa destinada a adaptar la moneda nacional a las necesidades del lobby exportador. Su objetivo ha sido desde entonces siempre el mismo: mantener un control estricto de la inflación para frenar el aumento de los precios de sus productos de exportación y así reforzar el superávit de su balanza comercial con respecto al resto del mundo, al resto de Europa. El resultado fue y sigue siendo un fundamentalismo monetario que se ha llevado siempre bastante bien con Wall Street y con la City. La alianza entre ambos, entre los grandes intereses financieros anglosajones y los exportadores alemanes, forma el núcleo del poder económico actual dentro de la Unión Europea, un núcleo esencial e inequívocamente transatlántico, al menos hasta el crack de 2008. La razón es que son complementarios: la City no produce coches y Alemania no tiene una plaza financiera rival aun cuando Frankfort intentara competir con Londres en los años 2000 sin demasiado éxito.
Con esta política el encargado de velar por su salud, el Banco Central Alemán, el Bundesbank, fue acumulando con los años unos poderes absolutos desconocidos en otros países occidentales antes del triunfo pleno del neoliberalismo en los años 1990. Primero acumuló dicho poder dentro de su propio país y frente a su propia población. Y después lo acumuló frente a las poblaciones y los gobiernos de los demás países de Europa Occidental, frente a nosotros. En temas monetarios la economía alemana empezó a ser gobernada así en fechas muy tempranas por un monarca absoluto sin control democrático ninguno cumpliendo las recomendaciones de los padres del neoliberalismo Milton Friedman y Daniel Bell, y anticipándose a la restauración político-financiera de la revolución neoliberal que ahora está haciendo cenizas el modelo social europeo. El unilateralismo de la primera economía europea y la incompatibilidad de su dogmatismo exportador con la construcción de una Europa solidaria, son el origen de las dificultades financieras que hoy podrían conducir al final del euro.
¿Qué hacemos con Alemania? Por de pronto intentar pensar en términos de clase también cuando hablamos de este y de cualquier otro país, de Europa en general. Son grandes espacios fuertemente divididos, con ganadores y perdedores, actores activos y actores pasivos. Además hay una discusión pendiente: ¿qué propone la izquierda alternativa en relación con el euro y con el futuro de la Unión Europea? Explorar los escenarios alemanes es empezar a explorar los escenarios que pueden ir abriéndose -para bien y para mal- en relación con el proyecto europeo. No nos deberían coger por sorpresa.
En primer lugar: la población alemana ha salido seriamente perjudicada por las políticas de dumping laboral y fiscal practicadas por los gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha desde mediados de los años 1990. Es verdad que se ha beneficiado de una contención en el aumento del desempleo pero lo ha hecho a costa de generar más empleo en el sur. Es simplemente insostenible seguir así sea cual sea el voluntarismo de Merkel & comp. Si la recesión pega fuerte también en Alemania es posible que este voluntarismo pierda apoyos y se produzca un viraje en las políticas europeas. No de forma automática y en ningún caso será fácil: el enemigo es realmente poderoso. Pero habrá posibilidades de cambio. Hay que tener pensada una estrategia solidaria para ese momento que podría abrir nuevas oportunidades, también para un tipo de desarrollo completamente distinto al que han seguido los países del euro hasta la fecha: más centrado en sus propios mercados internos, basado en una desglobalización parcial, en políticas económicas comunes y menos dependientes de la expansión exterior y la rapiña etc. Esto no es necesariamente incompatible con la Unión Europa, pero sí es incompatible con ESTA Unión Europea, un proyecto pensado y dirigido precisamente por Alemania para hacer imposible un desarrollo multilateral y solidario.
En segundo lugar: la expansión externa alemana fuera de la UE tiene sus límites. El porcentaje de las exportaciones alemanas a otros países de la UE ha disminuido pero sigue rozando el 60% (más de un 20% va a los Estados Unidos). Los que apuestan por la primera variante pretenden ampliar las exportaciones destinadas a los países emergentes a costa de la europeas pero este paso es arriesgado en lo económico, lo financiero y lo político. A ningún demócrata europeo le interesa esta salida, que Alemania rompa con el resto de Europa. Hay en este país un sustrato sociopolítico profundo, muy reforzado tras la llamada reunificación, que podría deslizarse de nuevo hacia un chauvinismo difícil de parar: el siglo XX llama a la puerta. Para Francia esta es una cuestión de Estado. Hay que hacer una alianza con Francia y con los países mediterráneos para forzar a Alemania por ese camino. Pero no sería un acto de fuerza dirigido contra “Alemania” sino contra su lobby exportador aliado con las finanzas europeas. Si conseguimos esto tendremos mejores posibilidad para reducir, también en España, el sector hipertrofiado de las finanzas, arrinconar a Botín que ha engordado precisamente gracias a esta Europa, arrinconar a la renta financiera, bastión principal de la derecha nacional.
En tercer lugar: esto quiere decir que la construcción de una Europa solidaria no es un objetivo que haya que tirar -todavía- por la borda. Eso no quita para ir preparando una buena hoja de ruta por si el proyecto del euro se acabara rompiendo o si no quedara más remedio que abandonarlo, es decir, para el caso de que Merkel siguiera jugando con fuego. Pero conviene tener pensada una estrategia alternativa a esta. Si se impone la tercera salida en Alemania, o al menos una cosa intermedia entre la segunda y la tercera, este país podría contribuir con su potencial financiero y tecnológico a construir una nueva Europa solidaria en la que tendría un importante papel civilizatorio que desempeñar. Para eso hay que conseguir que en Alemania se imponga la expansión económica interna por la vía de las subidas salariales, de la mejora de las condiciones de trabajo y de la armonización fiscal y laboral con el resto de los países de la zona euro. Sería el principio de una política económica común, lo que los halcones alemanes consiguieron impedir con la creación del euro primero, y con el boicot a las iniciativas de Oskar Lafontaine después. Una política económica común le daría un respiro laboral, financiero, tecnológico y ambiental al resto de Europa, fundiría el rojo con el verde. Es lo que más temen tanto las grandes finanzas privadas como el lobby exportador alemán que, en parte, apuesta por lo verde siempre y cuando no coquetee con el rojo. Este es el programa de los Verdes Alemanes, por ejemplo -o al menos del sector que manda en este momento-: seguir exportando sólo que en vez de tantos coches también placas solares. La emisión de eurobonos como parte de una política económica común sería imprescindible. Sería una herramienta importante para poner en marcha una reconversión social y ambiental basada en inversiones productivas que generen empleo de calidad en el conjunto de la Unión Europea y que al mismo tiempo permitan reconvertir de abajo a arriba el modelo energético, de transportes y el espacio urbano. Para eso hace falta mucho dinero, hace falta endeudarse. No parece fácil hacerlo en solitario en un país como España, donde la renta -financiera e inmobiliaria- organizada políticamente es tan fuerte, y menos aún hacerlo tal y como está hoy el sistema financiero internacional. Mejor unirse para conseguirlo. Alemania tendría que cofinanciar el diferencial de tipos en un escenario así con un aumento del coste de su propia financiación. No es poca cosa por muy tecnocrática que suene la medida de los eurobonos y por mucho que algunos la intenten reducir a eso. A ella se opone radicalmente el búnker exportador alemán y sus amigos los bancos privados que van a luchara muerte por perder el peso que tienen ahora en la economía europea.
Los tiempos siguen revueltos, el sistema financiero europeo -incluido el alemán- está tocado, las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana: hay que estar preparados. El argumento de que Alemania le tiene “horror a la inflación” debido al recuerdo de los acontecimientos de 1923 es una milonga (conozco a economistas profesionales que se la siguen tragando: increíble su ingenuidad). Más razonable sería que los alemanes le tuvieran horror a las medidas del gobierno Brüning de 1930 que le abrieron la puerta al fascismo. Son las mismas que las de Merkel en 2011: equilibro presupuestario por encima de todo en un escenario de aumento galopante del desempleo, de deflación y de congelación salarial combinada con medidas cada vez más antidemocráticas. No, no estamos perdiendo el tiempo con historias del pasado. El escenario japonés (veinticinco años de estancamiento) no es imposible que se instale en Europa. Hoy los estados occidentales vuelven a ser los mismos cines que antes de la Segunda Guerra Mundial: todas las butacas las vuelve a ocupar el poder económico-financiero y sus amigos. Eso los vuelve a convertir en torpedos antidemocráticos como antes de la Guerra. El 15-M tiene razón: simplemente están “entre ellos” por muchas elecciones que organicen o por mucho que Botín le eche ahora la culpa a los políticos que él mismo apoyó en su día. El presente hermana a Brüning y Merkel más allá de las apariencias y del sexo. En los tiempos de Brüning hubo muchos liberales vinculados a las finanzas que se pasaron al fascismo (por ejemplo el Presidente del Banco Central del Reich Hjalmar Schacht). Hoy no es necesario militar en la ultraderecha para hacer cosas parecidas aunque con otros nombres. El neoliberalismo autoritario no es un escenario del mañana y la ultraderecha moderna no es incompatible con el apoyo decidido a las atrocidades israelíes cometidas contra los palestinos. Todo lo contrario.
Por tanto, Alemania sigue siendo una cuestión de toda Europa como desde 1871. Las izquierdas alternativas europeas, incluida la alemana, tienen que sincronizarse alrededor de la tercera opción. Hay que ganar a los sindicatos europeos para esta empresa que en la mayoría de los países apuestan aún por estrategias neocompetitivas a corto plazo por mucho que estas se maquillen en los encuentros internacionales. Hay que adoptar una posición activa, ser sujeto antes que objeto de las circunstancias. Bajo la presión del desempleo y de una persistente situación estacionaria, las políticas deflacionistas de la derecha europea o bien terminarán arrojadas por la borda por las mayorías o serán la antesala de un suicidio económico -así varios economistas en Davos como Roubini-. El suicidio económico suele conducir al suicidio político.
La pregunta que enlaza con todo esto es: ¿cómo es posible que Rajoy apoye este suicidio, qué saca el presidente de un país con más de cinco millones de parados con hacer de Brüning/Merkel español, convertir todo en un problema de empeño, de testículos y de mera voluntad a lo Gil Robles en los años treinta? Esto nos remite a la derecha hispana.

