El optimismo se ha colado en la voz de Ignacio Ramonet y viaja hasta este lado del teléfono. El director de Le Monde Diplomatique en español, el mismo que hace 14 años advirtió de que la globalización financiera estaba creando su propio Estado y engendrando sociedades sin poder, suena a esperanza. Precisamente ahora, cuando se han ido cumpliendo uno tras otro los malos augurios de aquel editorial suyo, Desarmar los mercados financieros, semilla del movimiento Attac. La política de austeridad y de precarización del empleo capitaneada por Ángela Merkel ha llevado a una desesperación social que alimenta las tendencias más radicales. O Europa reacciona ahora o será tarde. Ramonet cree que reaccionará.

“Reorientar Europa hacia el empleo, el futuro y el crecimiento”. Las palabras de Hollande, recién elegido presidente de Francia, hablan de un cambio de rumbo que parecía imposible. ¿Hay vida más allá de los mercados?

La proposición de Hollande llega en un buen momento. Si hubiera dicho hace un año que no apoyaba el pacto fiscal (promovido por Merkel), no habría funcionado. Hollande no habla del crecimiento que defiende Draghi (presidente del BCE), basado en la precarización del empleo para ganar competitividad y las curas de austeridad. Hollande defiende crecer con estímulo por parte de la Unión Europea. Es el momento porque hay países sometidos a reformas extremadamente fuertes cuyos gobiernos están viendo los límites de esas políticas. Los propios mercados ven que solo con austeridad no sirve. Por eso ha habido tanto apoyo, activo o pasivo, a Hollande. Prueba clara ha sido el Gobierno español, que deseaba la victoria del socialista porque le dará oxígeno para pagar la deuda en más años, sin asfixiar la economía.

¿Cómo se financia el crecimiento?

Los Estados están endeudados y no pueden endeudarse más. Pero la UE como tal, no. Puede endeudarse y prestar a los Estados o financiar obras que creen empleo.

La banca está quebrada. Se le inyecta dinero al 1% desde el BCE y con él compra deuda de países con la rentabilidad disparada. Se cura con impuestos. ¿Es sostenible?

La diferencia entre el 1% que paga la banca por el dinero y el 6% que recibe por la deuda de España, por ejemplo, lleva a una situación en la que no se podrá pagar esa deuda, que se convertirá en la principal partida del presupuesto. Yo creo que cada vez hay más consenso para que el BCE preste directamente a los Estados. Los Estatutos del banco central no lo permiten y en eso se apoyan los alemanes pero nos encontramos en una situación de excepción y hay que imponer una decisión política. Los Estatutos son pura burocracia.

¿Por qué van a ceder si se han negado hasta ahora?

Porque ya hay sociedades que se están sublevando. En Grecia se ha disparado el voto extremo. En Francia tenemos un 20% del electorado votando a una extrema derecha que rechaza a Europa y al euro. El respeto de las normas está llevando a una situación insostenible. Víctor Hugo decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento.

¿Está Alemania en ese momento?

Alemania prevé crecer este año el 1% y empieza a temer que, si las economías europeas no compran sus productos, su situación va a empeorar. Los sindicatos han lanzado una ofensiva para pedir un aumento de los salarios. El trabajo alemán, que ya es el más caro de Europa, será aún más caro y más complicado vender sus productos. Los propios dirigentes van a sumarse a la petición de crecimiento.

Draghi ha advertido de que el país que saque el pie del tiesto será inmediatamente castigado por el mercado. ¿Aguantará Hollande?

Yo pienso que asistiremos a una movilización popular en Francia para que Hollande no repita los errores de los socialdemócratas de Grecia, Portugal y España. El problema ya no es sólo económico, sino político. Si no salimos del atolladero de los mercados, vamos a una Europa de extrema derecha de aquí a cinco años.

También hay movimientos de cambio como el 15-M.

Lo que vimos el año pasado con el 15-M fue muy ilusionante, toda una generación protestando con una concepción muy exigente y pura de la política y la democracia. Es una lástima que esa gigantesca energía, por desconfianza hacia la política no haya encontrado un modo de permanecer como movimiento reconocible, con una organización y un liderato. En mi opinión, el sentimiento de muchos jóvenes de asqueo hacia la política les ha conducido a un error táctico, por no organizarse como formación, y otro estratégico, porque no tienen herramienta de conquista de poder, ni directa ni indirecta.

¿Qué solución ve al desempleo juvenil?

Se está perdiendo una generación entera a pesar de ser la mejor formada de la historia de nuestros países. Es un despilfarro humano tremendo y tiene que ser una urgencia encontrar soluciones con imaginación, lanzar planes de reindustrialización y de relocalización, un gran plan Marshall de empleo para la juventud. Europa está destruida socialmente como lo estuvo materialmente tras la II Guerra Mundial.

Se pierde la generación mejor formada y se fuerza que la próxima ya no lo esté. ¿Por qué?

Todos los movimientos neoliberales han recortado en educación. Es la renuncia a uno de los fundamentos de la democracia, la igualdad de oportunidades, y eso es insoportable. La clase media se está desclasando, un fenómeno que no conocíamos. Se deja de pertenecer a una clase a la que se llegó con generaciones de esfuerzos.

¿Cuánto va a costar recuperar ese camino?

Hay que reflexionar porque, poco a poco y de forma silenciosa, nos han ido encerrando en una estructura política en la que las decisiones son muy limitadas, en la que un cambio de Gobierno no cambia gran cosa porque se aplican reglas que no se pueden modificar. Asistimos a una reducción de la democracia y una preponderancia del poder financiero sobre el político. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es una cárcel jurídica, se está ratificando sin debate.

No se ha cambiado nada del sistema financiero.

Si no se controla a los mercados, no saldremos de esto. Hay que reglamentarlos, disociar la banca de ahorro de la especulativa, imponer impuestos a la renta del capital como al trabajo y dotarse de un sistema que permita a los políticos poner límites al mercado. Eso o pasamos a nueva estructura política desconocida hasta ahora.

Entrevista realizada por Ana Tudela para MásPúblico

Es normal que tanta gente se haya escandalizado y esté sorprendida de la magnitud del recorte que acaba de hacer del gobierno andaluz. Dos mil quinientos millones menos de gasto son muchos y cuando se anuncia que van a producir, entre otras cosas, una disminución media de 3.000 euros anuales en el sueldo de los funcionarios, resulta lógico que una gran parte de la población se indigne y crea que haber formado un gobierno de coalición que decía enfrentarse precisamente a este tipo de recortes, no ha servido para nada (aunque también se podría decir que quizá no se habría tenido que llegar a tomar estas medidas si muchas más personas, y sobre todo funcionarios, se hubieran indignado con anterioridad, desde que se empezaron a recortar sus derechos).

Vaya por delante que estamos radicalmente en contra de que se lleven a cabo este tipo de medidas. Las rebajas salariales, la paralización de obra pública, y la disminución de los recursos destinados a financiar los programas de guarderías, libros de texto gratuitos o fomento de empleo tendrán un inevitable efecto negativo sobre la demanda y contraerán aún más la economía andaluza, ya de por sí con un pulso muy bajo y en crisis profunda. Harán que se pierdan más empleos en las pequeñas y medianas empresas y que se aleje la expectativa de la recuperación económica. Además de muy injustas, son contraproducentes e ineficaces para salir de la crisis. Y otras de las medidas, como las de copago, seguramente no permitan ningún ahorro a medio y largo plazo, tal y como se desprende las investigaciones científicas que se han hecho para conocer su incidencia efectiva.

También creemos que de ninguna manera se puede decir que se trate de medidas “inevitables” porque se podrían haber evitado si los poderes públicos no vinieran haciendo una política tan esclava de los grandes poderes financieros desde que empezó la crisis. Como se ha demostrado en libros y escritor de todo tipo, hay alternativas a estas políticas que, en lugar de llevarnos de nuevo a la recesión o a la depresión a donde vamos, nos hubieran permitido salir de la crisis. Es importante no renunciar nunca a la pedagogía, explicando claramente a la población lo que de verdad está ocurriendo.

Dicho esto, creemos, sin embargo, que se debe ser inteligente y no caer en una crítica descontextualizada de lo que hace este gobierno que solo favorecería al PP y a los poderes económicos. Desgraciada, o mejor inevitablemente, para transformar la realidad y sobre todo sociedades tan complejas como las nuestras en estos momentos históricos, no basta con hacer discursos retóricos o emitir condenas moralizadoras, sino que hay que hacer política, en el sentido de incidir en los factores concretos de los que dependen que ocurran o no las cosas que están ocurriendo. Precisamente por eso apoyamos la creación de un gobierno de coalición de izquierdas como el actual.

Y, desde ese punto de vista, creemos que para valorar adecuadamente las medidas que ha tomado el gobierno andaluz hay que tener en cuenta algo más que su propia inconveniencia, que acabamos de subrayar.

En primer lugar, no podemos olvidar que Andalucía no es un Estado sino una comunidad autónoma y que las políticas de ingreso y gasto que como tal lleva a cabo son una especie de resultado en cascada de las que toma el gobierno central, y mucho más en las actuales circunstancias, cuando éste último ha adoptado una posición muy beligerante contra las autotomías y cuando impone como de obligado cumplimiento medidas tan restrictivas como las que ahora condicionan las decisiones del gobierno andaluz.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que estas medidas del gobierno andaluz no se realizan por voluntad propia sino como resultado de la obligación de no superar un déficit público superior al 1,5% contemplado en los Presupuestos Generales del Estado aprobados e impuestos por la mayoría absoluta del PP. Una obligación que si no fuese cumplida llevaría consigo la intervención de la Junta de Andalucía y consecuencias mucho peores y que es necesario evitar en todo caso.

Por eso resulta verdaderamente desvergonzada la posición política del Partido Popular andaluz cuando critica el recorte del gobierno andaluz obviando que ha sido ese partido el que realmente lo ha impuesto a través de su gobierno de Madrid.

En tercer lugar, hay que valorar positivamente el esfuerzo que hace el gobierno andaluz (y que esperamos que sea acertado en su aplicación efectiva y no solo sobre el programa) para que el recorte se aplique sin pérdidas directas e inmediatas de empleo (indirectas las va a haber, como queda dicho), con efecto más suavizado sobre los empleados con niveles más bajos de renta y afectando lo menos posible a servicios públicos esenciales que se hubieran deteriorado en mayor medida de haber aplicado directamente las propuestas del gobierno central.

En cualquier caso, y aún cuando podamos entender que se trata de una medida obligada, tal y como hemos señalado, no podemos dejar de manifestar que es lamentable la falta de comunicación y la escasa complicidad de los partidos que forman el gobierno con la población y en especial con la que ha apoyado su constitución.

Nos parece un error fundamental -y mucho más en las circunstancias en las que estamos- que este gobierno actúe simplemente como una oficina de gestión. Lleva muy poco tiempo en ejercicio pero ya se ha podido comprobar que no es lo suficientemente transparente ni participativo como se debe ser para conseguir que la población comprenda lo que hace y le arrope cuando adopta decisiones tan difíciles como las de ahora o como la que seguramente va a tener que tomar más adelante. O este gobierno es más valiente y cercano a la hora de hablarle a la ciudadanía, y más movilizador, o fracasará con rapidez. Y para serlo debe buscar con más acierto y apertura las complicidades y alianzas así como señalar mucho más claramente, en la práctica y no en el papel, la frontera que lo separa de la derecha y de los poderes financieros que realmente son las responsables de estos recortes.

Andalucía, debe ser un referente y no precisamente de sol, ferias y playa, sino de coherencia y defensa de los intereses sociales y democráticos. Si en Francia hay movimientos; si en Grecia se consolida la izquierda tras las próximas elecciones; si en Europa hay otras regiones rebeldes frente a la estafa neoliberal; si hay movimientos sociales y populares dispuestos a enfrentarse a esta debacle generalizada, no podemos permitirnos que fracase nuestro gobierno andaluz. Claro que para ello es imprescindible que los partidos que lo forman sean los primeros en hacer bien las cosas y que se apoyen en mayor medida en su base social y electoral.

La propaganda forma parte de la guerra, al punto de que con razón se dice que la verdad es la primera víctima de ella. La victoria de Hollande ha desatado cierta euforia sobre el porvenir de Europa al pensarse que el nuevo presidente francés tienen programadas iniciativas que le darán un nuevo impulso al maltrecho proyecto de la unidad europea y aportarán una mejora radical en la desoladora situación económica que viven algunos países, con Grecia condenada ya a la catástrofe y otros haciendo cola para arrojarse por el precipicio. La guerra en este caso se libra sobre si podrá y debe sobrevivir la Europa de Maastricht, la Europa de la moneda única sin unidad fiscal y sin cohesión social.

Tiempo habrá para examinar con detalle la política del nuevo Presidente, que habrá de realizarse teniendo en cuenta su programa, los márgenes para su cumplimiento y la firmeza que ponga en su ejecución, en la complejidad que tiene la realidad francesa el contexto europeo. Por otra parte, habrá que distinguir las propuestas económicas y sociales internas para Francia y las iniciativas para modificar las reglas de funcionamiento de Europa. Son estas últimas las que exigen salir al paso inmediatamente para amortiguar el entusiasmo que la victoria de Hollande ha suscitado.

Tres son las medidas que merecen destacarse. La primera es que el dirigente socialista francés pretende hacer menos dura y más prolongada en el tiempo la política de austeridad exigida por el Pacto de estabilidad fiscal firmado hace unos meses. La señora Merkel ya ha dicho que una reforma de dicho pacto es innegociable, pero todo permite suponer que exigiéndolo Francia todo se hará con mayor flexibilidad, y así, el objetivo del déficit cero se postergará al año 2017. Ahora bien, la suavización del pacto no cambia el carácter depresivo de la política fiscal durante los próximos años, que además tendrá una dureza específica para cada país teniendo en cuenta los niveles de déficit de que se parte y lo contraproducente que es para el mismo objetivo de reducir el déficit el hundimiento de la economía, eso sin considerar otros problemas como el paro agobiante. Por lo que respecta a nuestro país, de poco o nada va a servir que el déficit público francés, ahora situado en algo más del 5% del PIB, se diluya un año o dos mas tarde.

Hollande va a proponer que el Banco Central Europeo inyecte liquidez directamente a los Estados, como lo podían hacer antes los bancos centrales de los países integrados en el euro, o ahora el banco de Inglaterra o la Reserva Federal de Estados Unidos. Tal propuesta debe superar muchos obstáculos formales y de fondo levantados por las actuales normas de funcionamiento de la unión monetaria y propiciará muchas divisiones y controversias en el seno de los países del euro porque, dejando a Alemania que no está por la labor por su afán de garantizada estabilidad de precios, el problema esencial de una reforma de ese calado es fijar los criterios para proporcionar liquidez. Eso significa determinar qué cantidades puede recibir cada país, casi todos sedientos, y por tanto disputar sobre la parte que cada uno tratará de llevarse de la nueva liquidez. Como puede comprenderse, cambiar las normas del Banco Central Europeo no será fácil y sobre todo no será rápido. A las esperanzas del triunfo de Hollande cabe de nuevo ponerles sordina.

En tercer lugar, el nuevo presidente es partidario de la emisión de los eurobonos. Así dicho, parecería que comparte la opinión de otros muchos dirigentes de derecha y de izquierda de los países más degradados para resolver los problemas de financiación de los Estados miembros del euro. Teniendo en cuenta las onerosas primas de riesgo que algunos países tienen que pagar para colocar su deuda pública, la emisión de eurobonos (deuda pública garantizada por todos los países miembros del euro) sobre el papel sería una contribución a diluir las tensiones que sufren esos países en los mercados, pero de nuevo se plantea la cuestión de cómo distribuir los recursos obtenidos por los eurobonos, aparte de que los países más fuertes como Alemania sospechan que al final serían ellos los que soportarían el peso de garantizar la las emisiones. Además, bien interpretada la propuesta de Hollande, este propone emitir eurobonos, con los problemas mencionados, para financiar inversiones públicas en Europa, lo cual puede tener efectos expansivos sobre las economías, si bien de nuevo se abre la caja de los truenos para determinar donde se ejecutarán esas inversiones públicas en los 17 países que comparten la moneda común. Problemas muchos pues, sin perjuicio de que al final la posición de Francia modifique ligeramente la ortodoxia financiera que predomina actualmente en Europa.

Si a pesar de todo ello hay razones para el entusiasmo, dejemos discurrir algunos meses antes de empezar a celebrar entre nosotros los beneficios económicos y sociales que nos aportará el triunfo de Hollande.

En medio de los preparativos del 15-M para celebrar su primer aniversario, Bankia, el cuarto grupo bancario de España, debió ser rescatado. El gobierno decide seguir inyectando dinero para salvarlo de la bancarrota. Se habla de nacionalización, pero en realidad es una medida de distracción. Sanear, crear un banco malo y luego reprivatizar. Esa es la verdad. La indignación crece. Los recortes en educación, sanidad, los escándalos políticos, la corrupción y el desempleo al alza son el caldo de cultivo que da vitalidad al 15-M, por mucho que la derecha política, social y mediática lo den por muerto.

Sólo en Madrid las asambleas de barrios y pueblos han convocado en 15 plazas del centro de la capital reuniones abiertas donde discutir sobre el desempleo, la cultura, la privatización del agua, la crisis económica, la inmigración, los recortes en sanidad, vivienda, las políticas de género, la desobediencia civil y la elaboración de estrategias. Madrid será durante días un hervidero de propuestas democráticas. La Puerta del Sol y las plazas de Callao, Tirso de Molina, Jacinto Benavente, Santa Ana, El Carmen, Descalzas, Pontejos, Opera y Mayor volverán a llenarse y ser un espacio de participación ciudadana. Es el reto que asume el 15-M en su convocatoria.

Pero también el gobierno se apresta a contrarrestar el llamado a la movilización. Se disparan las alarmas y se visualiza a los convocantes como sectores antisistema y alborotadores profesionales. Es la concepción manejada desde los despachos del ministerio de Interior e interiorizada por los cuerpos de seguridad del Estado. Así, en el centro de Madrid se preparan para actuar 20 Unidades de Intervención Policial, nueve de las cuales proceden de Valladolid y La Coruña. Cada una de ellas cuenta con 50 hombres operativos. A lo anterior hay que sumar las fuerzas antidisturbios, los helicópteros, la policía municipal y los agentes de paisano. La criminalización de los movimientos sociales es una realidad. Considerados enemigos públicos y cuasi terroristas se buscará cualquier escusa para actuar y deslegitimar el 15-M.

La situación no puede ser peor. Ni política, ni social ni económicamente se avista una salida democrática a la crisis. El capitalismo más abyecto y excluyente se consolida, haciendo trizas las promesas de trabajo estable, salud universal, educación pública de calidad y empleo juvenil. En su lugar tenemos trabajos precarios, contratos basura, salarios de hambre y sobrexplotación, siendo la juventud el sector más damnificado. En España, seis de cada 10 jóvenes, entre 18 y 30 años, viven con sus padres y el paro alcanza a 50 por ciento de ellos. En un tiempo récord las movilizaciones habidas hace un año fueron merecedoras de atención. Su aparición no dejo indiferente y a sus participantes se les apellidó “indignados”. Por su manera de proceder y aglutinar a gran número de la población juvenil, se dijo, el éxito de la convocatoria radicaba en ser hija de las nuevas tecnologías de la comunicación. La revolución de los internautas. Mensajes a móviles, Twitter, correos electrónicos, web. “Spanishrevolution”. El 15-M sería adjetivado como un movimiento de rebeldía y protesta asimilable al “mayo francés de 1968”.

Pero esta interpretación resulta insuficiente y manipuladora. Sin restar importancia a la participación de la juventud, el 15-M no puede ser descontextualizado. Su originalidad requiere un análisis menos ligado a la sociedad espectáculo. En cuanto producto de la crisis actual del capitalismo, es un nuevo movimiento social ciudadano, heterogéneo, donde confluyen diversas tradiciones políticas articuladas en la lucha por la democracia. Anarquistas, socialistas, comunistas, autogestionarios, progresistas y también apartidistas. En sus comisiones de trabajo no se diferencia por edad, sexo o condición socioeconómica. Cuando se reivindica democracia real ya, y se protesta contra la corrupción de los partidos políticos, el poder omnímodo de los banqueros, los recortes sociales, el paro juvenil, la privatización de la salud, la enseñanza, el calentamiento global o un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular, se desnudan regímenes políticos de explotación.

En todas las reivindicaciones del 15-M hay, tras de sí, una historia, un camino recorrido por los diversos movimientos sociales de clase, genero, étnicos, ecologistas o culturales que llevan actuando hace siglos. La memoria colectiva, los triunfos y derrotas, los avances y retrocesos, facilitan comprender movimientos tan desiguales y contradictorios como el mal llamados de “indignados”. No son espontáneos ni generacionales. Forman parte de un intento de rescate de la política, secuestrada por los mercados. En su interior confluyen parados de larga duración, trabajadores, mujeres, estudiantes, profesionales, jubilados, intelectuales, amas de casa, gays, lesbianas y jóvenes.

Su consolidación expresa un momento constituyente, donde las nuevas formas del pensar y del actuar construyen ciudadanía política, al tiempo que demandan democracia real ya, justicia social y dignidad. Su presencia despierta conciencias. Sin embargo, no es el todo, es parte de la solución, pero no es la solución. Su cauce transcurre en el interior de las luchas democráticas que tratan de sobrevivir a un capitalismo salvaje adscrito a un acentuado proceso de involución política. Hoy, su futuro depende de contrarrestar un poder que ha decidido criminalizar todas las reivindicaciones democráticas provenientes de los movimientos sociales, cerrando espacios de participación ciudadana y democrática. Esta decisión, sin parangón en la historia contemporánea de la España del postfranquismo, puede tener consecuencias impensables, entre otras la emergencia de un régimen totalitario, siendo la destrucción del 15M un objetivo prioritario. Las cartas están sobre la mesa. El futuro entra en una dinámica de lo impensado.

Intempestivo e inesperado. Así fue la emergencia de este movimiento de la indignación colectiva en el Estado español. Si el 14M nos hubiesen dicho que al día siguiente miles de personas saldrían a la calle y que en las semanas sucesivas se ocuparían plazas, se organizarían asambleas, se desafiaría al poder con actos de desobediencia civil masivos permaneciendo en las plazas… no lo hubiésemos imaginado. Pero así fue. La gente, dos años y medio después del estallido de la “gran crisis”, dijo “Ya basta”.

Y en la periferia de Europa, y emulando las revueltas populares en el mundo árabe, al calor de la Kasba y de Tahrir, la gente recuperó, reocupó, el espacio público. La Primavera Árabe nos devolvió la confianza en el “nosotr@s” y en la capacidad colectiva para cambiar el actual orden de cosas. Y mirando, también, a Islandia y a Grecia, el 15M rompió con el escepticismo, la resignación y la apatía imperante. Pero un año después de su eclosión, ¿qué queda de todo ello? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué retos y perspectivas enfrenta?

El movimiento de la indignación colectiva ha calado fuerte. Más allá de las miles de personas que ocuparon las plazas, participaron en asambleas, se manifestaron en la calle…, muchas otras, desde sus casas, se sintieron “representadas” por esta marea indignada. Y es que con un 23% de paro, 175 desahucios diarios y uno de cada cinco hogares viviendo por debajo del umbral de la pobreza como no indignarse, rebelarse y desobedecer.

El 15M ha sido capaz de trascender el núcleo activista de la protesta, sumar a una nueva generación militante y hacer levantar a muchos otros de sus cómodos sofás. Son éstos, jóvenes, ecologistas, mujeres, abuel@s…, los que han configurado el “pueblo” de Sol, Catalunya. Un año después del 15M vemos cómo el poder económico y político ha quedado socialmente sentenciado como responsable de la actual crisis, poniéndose de manifiesto los vínculos estrechos y la connivencia entre ambos. Se ha desenmascarado una democracia de baja intensidad, y su secuestro por parte del poder financiero, donde quienes gobiernan no están al servicio del 99% sino del 1%. Se ha conseguido modificar el imaginario colectivo y el paisaje de fondo. La crisis ha significado un terremoto social, político y económico, pero la emergencia del 15M lo ha sido, también, en sentido inverso, generando un proceso de repolitización de la sociedad.

La crisis profunda y la emergencia del movimiento ha permitido “pensar en grande” y “actuar en grande”. Hoy ya no sólo se exige la reforma del sistema bancario sino que se defiende la expropiación y la nacionalización de la banca y el “no pago” de una deuda injusta, ilegítima e ilegal. El repertorio de acción se ha ampliado y radicalizado, ya no es suficiente con manifestarse y salir a la calle, ahora se ocupan plazas, se corta el tráfico, se paran desahucios… La crisis pone de manifiesto como, a menudo, lo ilegal es legítimo y lo ilegítimo es, precisamente, aquello que es legal. Ocupar casas o bancos puede estar penado, mientras que desahuciar a familias o estafar con las preferentes es perfectamente legal. Frente tan injusta realidad, ¿por qué no desobedecer o apoyar a quienes lo hacen? Ésta es una de las grandes victorias del 15M: normalizar estas formas de lucha y hacerlas socialmente aceptables.

Y, ¿qué retos y perspectivas se enfrentan? Cambiar el mundo de base no es una tarea ni fácil ni inmediata, por eso, como bien señalaba el filósofo Daniel Bensaïd, es necesario armarse de “una lenta impaciencia”. Hay que reconstruir otra correlación de fuerzas entre quienes ostentan el poder y la gran mayoría de la sociedad y esto requiere de un largo camino, no siempre lineal ni previsible. Y el 15M es tan sólo el prólogo de este ciclo de luchas que ha empezado. Al mismo tiempo, conseguir victorias concretas es extremadamente difícil, más allá de algunos logros defensivos. A pesar de que la indignación y el malestar social van a más, las políticas de recortes se intensifican.

Luchar contra la estigmatización, la criminalización y la represión es otra de las tareas fundamentales en el próximo período. La erosión del Estado de derecho va acompañada de la emergencia del Estado de excepción. Así lo hemos visto. A menor Estado social, mayor Estado policial. Se comienza por estigmatizar a quienes se movilizan tachándolos de “perroflautas”, se pasa a su criminalización diciendo que son “violentos antisistema”, hasta su represión mediante detenciones preventivas, páginas web delatoras, etc. Se trata de crear “un enemigo”, para justificar su represión. La política del miedo, de la intimidación, es la otra cara de la política de los recortes. Pero la masividad de la protesta es el mejor antídoto contra dichas medidas. ¿Cómo estigmatizar a los abuelos de un municipio que ocupan un ambulatorio contra su cierre?, ¿Cómo reprimir duramente a quienes se defiende con libros y manos?… se puede hacer, y se hace, pero no sin pagar un coste alto en la opinión pública. Hasta ahora la represión ha sido un bumerán que se ha vuelto en contra del poder.

A menudo se ha dicho que con el 15M “se ha perdido el miedo”, pero el “miedo” continúa  estando muy presente en el lugar de trabajo, donde el capital domina sin apenas sacudidas. La sumisión de las direcciones de los sindicatos mayoritarios frente al gobierno y la patronal pesa como una losa en el conjunto de los movimientos sociales. Es necesario un sindicalismo combativo, que tenga su eje de gravedad no en las negociaciones por arriba sino en la lucha por abajo y que defienda una cultura de la movilización y la solidaridad.

Y si el movimiento plantea un cambio radical de paradigma no puede olvidar otros aspectos fundamentales de la crisis, más allá los económicos y la lucha contra los recortes, la deuda y las privatizaciones. La vertiente ecológica y climática de la crisis es un elemento central. No es posible pensar “otro mundo” sin combatir la lógica productivista de un sistema que no tiene en cuenta los límites de la tierra. Crisis económica y ecológica están íntimamente entrelazadas. Como tampoco es posible una alternativa que no busque acabar con un sistema patriarcal que invisibiliza, supedita y no reconoce el trabajo de las mujeres. Sin ir más lejos, la crisis económica actual tiene, claramente, rostro femenino.

La coordinación internacional es otro de los grandes retos a profundizar. A pesar de que el movimiento ha contado con jornadas de movilización global exitosas, como la del pasado 15 de octubre de 2011 y ahora las del 12M y el 15M, su coordinación es aún débil. El capitalismo es global y, consecuentemente, las resistencias al mismo tienen que ser globales, internacionalistas y solidarias. De la plaza a la indignación mundial hay un camino de ida y vuelta por el que se tendrá que transitar cada vez más.

Mirando un año atrás, pocos hubieran previsto la magnitud de los recortes (llegándose a modificar la Constitución para poner techo al déficit público) o de la represión (amenazando con la reforma del Código Penal para penar severamente las acciones directas no violentas), pero tampoco hubiésemos imaginado esta marea indignada que ha sacudido con fuerza el panorama político y social. En tiempos convulsos son falsas las certezas y sólo tenemos una: quienes ostentan el poder no renunciarán sin más a sus privilegios. No sabemos el resultado de este “combate” entre los “de arriba” y los “de abajo”, pero si no luchamos la partida está perdida de antemano.

Lo repito: ¡¡Que se vayan todos!! Ahora la respuesta social está en las calles. La Huelga general del pasado 29, el 12M, la huelga de la educación y las movilizaciones y concentraciones contra los recortes sanitarios y educativos.

El pacto social de la transición esta roto. Rajoy y su gobierno están practicando e imponiendo unas políticas suicidas que solo benefician a la banca y a los intereses de los conservadores y capitalistas alemanes.

La reforma exprés de la Constitución del 78 -aprobada por los socioliberales y el PP mano a mano, no lo olvidemos- ha acabado de romper todo y crear un Reino de España al servicio y esclavo de la deuda y las oligarquías españolas y europeas.

El pueblo, las clases populares, ya no importan. Solo sirven para financiar a los de arriba y todo lo de arriba. Encima vivimos más, somos un estorbo, y además queremos que nuestros niños y niñas estudien gratis. Esto no puede ser (eso es lo que realmente piensan de nosotras y nosotros).

No digo que hagamos como en Grecia, donde los partidos de la deuda, el recorte y al servicio de Alemania son ya minoritarios. No, al menos no solo, que también. Lo que propongo es que hagamos como en Argentina: echarlos. Salir a la calle y tirarlos. No nos preocupe, pues ni son demócratas, ni les importamos un bledo. Solo temen a los mercados y nos tienen que temer a nosotras y nosotros.

Una vez violada la Constitución, lo que hace falta es impulsar una nueva y crear un nuevo espacio democrático justo y pacífico que respete a las personas, y no esta situación de dictadura de los mercados.

Por tanto, no más paños calientes. Si no respondemos no nos harán caso. Además ¿Que tenemos que perder?

Nos mienten, nos engañan, y ahora esta derecha autoritaria, que nos gobierna sin vergüenza ni pudor, nos trata de atemorizar aún más, nos amenaza y recorta derechos, todo para proteger sus intereses y los de sus amos.

Por eso yo no llamo ya a la resistencia, sino a la ofensiva.

Acudamos a todas las concentraciones y manifestaciones.

Vivimos en un mundo dominado por fuerzas incapaces ya, si es que alguna vez lo fueron, de aportar una vida digna a todos los habitantes del planeta, garantizando los derechos básicos de existencia que nos permitan vivir con dignidad y libertad. Un mundo donde se nos dice que no hay más alternativa que la pérdida de derechos adquiridos tras largas luchas, o la renuncia a siquiera disfrutarlos.

Hemos llegado a un mundo en el que el triunfo se ha asimilado a la pérdida de valores esenciales de la humanidad, como la solidaridad y el apoyo mutuo. Es más, todo aquello que no fomente la competitividad, el egoísmo y la avaricia es presentado como disfuncional. Una ideología inmoral que se ve reforzada por la hegemonía cultural de los grandes medios de comunicación, auténticos instrumentos para crear el consenso necesario alrededor de este sistema injusto e insolidario.

Pero no nos hemos quedado callados. Hemos despertado nuestras conciencias, y  estas se han sumado a una ola de conciencia colectiva que está iluminando el planeta de una punta a otra. Desde Túnez a la Plaza Tahrir, desde Madrid a Reijkiavik, desde Nueva York a Bruselas, los pueblos del mundo se han alzado, en la Primavera Árabe, en la dignidad islandesa, en la indignación del 15M o la Ocupación de Wall Street. Todos unidos hemos denunciado el estado actual del mundo. Nuestro esfuerzo ha servido para decir basta ya a escala mundial, y comenzar a forzar cambios, aun nacientes pero en los que debemos seguir avanzando.

Es por ello, que nosotros, mujeres y hombres, habitantes de este planeta, hemos decidido libre y fraternalmente hacer oir nuestra voz otra vez este 12 de Mayo en todo el mundo, para denunciar el estado actual de nuestro planeta, y exigir la aplicación de otras políticas distintas, destinadas al fomento y promoción del bien común.

Denunciamos que la actual distribución de los recursos económicos es tal que solo una minoría muy exigua escapa de la pobreza o la precariedad. Las generaciones futuras están condenadas a recibir una herencia envenenada debido a los riesgos medioambientales provocados por muy pocos para su beneficio. Los sistemas políticos democráticos, allí donde los hay, han sido vaciados de sentido casi en su totalidad, poniéndolos al servicio de los mismos que solo están interesados en aumentar el beneficio para sus corporaciones o instituciones financieras, sin importar el destino del planeta o de sus habitantes.

También denunciamos que la actual crisis no es un accidente natural. Ha sido provocada por la avaricia de los mismos que han llevado al mundo hasta esta situación. Con la ayuda de una ciencia económica que ha perdido su sentido original de gestión del bien común, para convertirse en ideología al servicio del poder financiero, pretenden imponer medidas que asfixian aun más a miles de millones de personas, sin pedirles permiso, tan solo argumentando que no hay otra solución posible. Dicen que debemos dejar nuestro futuro en manos de los mismos expertos que lo están destruyendo.

Pero también, aquí y ahora, hemos vuelto. Hemos despertado y ya no solo para quejarnos. Ahora apuntamos a los verdaderos causantes de la crisis, a sus políticas y a sus mentiras disfrazadas de vacía retórica. Y proponemos alternativas a sus políticas, que permitan remediar la actual situación y avanzar hacia un mundo más democrático, donde reinen los valores de la libertad, la igualdad, y la fraternidad, el viejo sueño de nuestros antepasados cuando se levantaron contra la opresión en el pasado por todo el planeta. Un mundo donde cada hombre o mujer tenga garantizado el derecho a la libre búsqueda de la felicidad, personal y colectiva

Esto es lo que exigimos:

1. La economía debe estar al servicio del bienestar general y del sostén y cuidado del medio ambiente, no del beneficio privado. El trabajo además debe de ser valorado y recompensado por su utilidad social, no por su productividad comercial o financiera. Por ellos exigimos:

• Acceso libre y universal a la salud, la educación pública desde el parvulario a la universidad, y la vivienda de todos los seres humanos, mediante las políticas adecuadas para ello. Rechazamos frontalmente la privatización de la gestión de los servicios públicos, y el uso de estos servicios esenciales para el lucro privado.
• Respeto absoluto por los derechos de la infancia, incluyendo el cuidado infantil gratuito para todos.
• Jubilación digna para todos, derecho a vacaciones y baja por enfermedad.
• Todo ser humano debe tener acceso a una renta adecuada para su sustento, por lo que pedimos trabajo para todos o, en su defecto, renta básica universal adecuada a los ingresos locales.
• Las grandes empresas deben de ser responsables de sus actos. Por ejemplo, no habrá ayudas públicas o fiscales de cualquier tipo a aquellas empresas que violen los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, o practiquen la subcontratación como método de descenso de los salarios.
• Además de pan, queremos rosas. Todos tenemos derecho a disfrutar de la cultura, participando de un ocio creativo y enriquecedor, al servicio del progreso humano. Por ello, reclamamos la progresiva reducción de la jornada laboral, sin disminución de la renta.
• La soberanía alimentaria debe ser promovida mediante una agricultura sostenible, como instrumento de seguridad alimentaria para todos. Esto debe incluír una moratoria indefinida en la producción y comercialización de transgénicos, y la reducción inmediata del uso de agroquímicos.
• Exigimos políticas que entiendan que el cambio de modelo de vida será ecológico o no será. Estas políticas deben partir de una base simple: no puede malograrse el equilibrio de los ecosistemas por simple afán de lucro. De hecho, esto debe estar perseguido en todo el mundo como delito medioambiental, con onerosas penas para los culpables.
• Políticas de fomento del paso de los combustibles fósiles a las energías renovables, mediante masivas inversiones que ayuden a un cambio de modelo productivo.
• Exigimos la creación de estándares globales de cuidado del medioambiente, obligatorios para países, compañías e individuos. El ecocidio (daño consciente al medio ambiente, ecosistemas y la biodiversidad) debe ser reconocido internacionalmente como un crimen de la máxima magnitud.

2. Para alcanzar estos objetivos, consideramos que la economía debe de ser gestionada democráticamente, del nivel local al global, arrebatando el control de las variables fundamentales de la misma a las instituciones financieras, transnacionales, y sus lobbies. Para ello pedimos:

• Control y regulación de la especulación financiera, mediante la abolición de los paraísos fiscales, un Impuesto a las transacciones Financieras (ITF), y la democratización radical del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y del Comité de Basilea para regulación bancaria,  cuyo mandato a partir de ahora debe ser el fomentar un desarrollo económico basado en la toma de decisiones democráticas. Los países ricos no pueden tener más votos simplemente por el hecho de serlo. Las instituciones democráticas deben estar controladas por el principio de que todos los humanos son iguales- africanos, argentinos, estadounidenses, griegos o alemanes.
• Deben realizarse una reforma radical o completa reestructuración democrática de la Organización Mundial del Comercio, y del sistema de comercio mundial. La mercantilización de la vida y sus recursos., así como la competencia a la baja en salarios y comercio entre los países, debe terminar.
• Recuperación del control democrático de los bienes comunes, entendiendo como tal todos aquellos recursos naturales e instituciones económicas fundamentales para el buen ejercicio económico. Esto es: el agua, la energía, el aire, las telecomunicaciones y el sistema financiero y monetario. En todos estos casos, la toma de las decisiones debe ser controladas por la ciudadanía, y velar solo por sus intereses, no por los de una exigua minoría de capitalistas financieros.
• Exigimos una fiscalidad regional y local que atienda al principio de solidaridad. Quien más tiene debe contribuir más al pago de los servicios destinados al bienestar colectivo. Debe además limitarse el ingreso máximo, y regularse el mínimo, en cada país, como medida efectiva para reducir la escandalosa brecha social en nuestras sociedades, y sus perniciosos efectos sociales, políticos y económicos.
• No más dinero para rescatar a los bancos. Exigimos una auditoría social de las deudas contraídas por los países, tal y como fue realizada en Ecuador o Islandia, y no pagar la deuda ilegítima contraída con las instituciones financieras.
• Separación de la banca comercial y la financiera, para evitar bancos “demasiados grandes para caer”.
• Fin absoluto de las políticas de austeridad fiscal, que solo benefician a una minoría y causan gran sufrimiento a la mayoría.
• Fin de la personalidad jurídica de las corporaciones. Las empresas no pueden ser sujetos de derechos al mismo nivel que las personas. El derecho de los poderes públicos a legislar en favor de los derechos laborales, ciudadanos o medioambientales, debe prevalecer sobre la protección  de la inversión o propiedades privadas.

3. Además, consideramos que los sistemas políticos deben ser plenamente democráticos. Reclamamos por tanto la completa democratización de las instituciones internacionales, eliminando el poder de veto de unos pocos países. Queremos un sistema político que represente la variedad y diversidad de nuestras sociedades. Por eso, pedimos:

• Todas las decisiones que atañen a toda la Humanidad deben ser tomadas en foros democráticos, como una asamblea participativa y directa en la ONU, y no en clubes de países ricos como el G20 o G8.
• Queremos desarrollar una democracia lo más participativa posible, incluyendo el desarrollo de formas de democracia directa no representativa a nivel local.
• Los sistemas electorales deben ser lo más justos y representativos posible, evitando sesgos que deturpen el principio de proporcionalidad.
• Exigimos democracia en empresas y corporaciones. Los trabajadores, independientemente de su nivel salarial o género, deben tener poder real de decisión en las compañías y corporaciones en las que trabajan. Queremos promover las empresas cooperativas como ejemplos auténticos de democracia económica.
• Pedimos la democratización en el acceso y gestión de los medios de comunicación. Estos deben servir a la educación de la ciudadanía, no a la creación de un consenso artificial alrededor de las políticas injustas.
• Tolerancia cero a la corrupción política y económica. Debemos detener la influencia desmedida de los grandes negocios en la política, que es una de las mayores amenazas en la actualidad para la democracia.
• Exigimos la plena libertad de expresión, reunión y manifestación, así como el cese de los intentos por censurar Internet.
• También pedimos el respeto absoluto de la privacidad en Internet. Compañías y gobiernos no deben hacer uso impropio de los datos personales en Internet.
• Entendemos que el gasto militar es contraproducente con una sociedad políticamente avanzada, por lo que pedimos su reducción al mínimo imprescindible.
• Las minorías étnicas, culturales, sociales y sexuales deben ver plenamente reconocidos sus derechos civiles, políticos y económicos.
• Algunos de nosotros pensamos que una nueva Declaración de los Derechos Humano, adecuada al siglo XXI, escrita de manera participatoria, directa y democrática, necesita ser escrita. Y ya que la actual define nuestros derechos, debe ser promovida su completa aplicación en los países pobres y ricos. Necesitamos crear instituciones que fuercen a su cumplimiento, y penalice a los que violen estos derechos, como una Corte Global que persigua crímenes sociales, económicos y medioambientales perpetrados por gobiernos, empresas e individuos. A todos los niveles, local, nacional, regional y global, nuevas constituciones e instituciones deben ser diseñadas, como está sucediendo en Islandia o ha sucedido en varios países latinoamericanos. La justicia y la ley deben ser para todos, o no serán.

Por todo esto, por todo lo que esta primavera global representa, nos veremos el 12 de mayo. Porque no queremos dejar de ser personas. No somos números, somos hombres y mujeres libres.

Por la Primavera de los pueblos!!
Por la democraca y la justicia social a nivel global!!
Tomemos las calles el 12 de Mayo!!

Acceso al llamamiento Internacional: http://www.may12.net/espanol/

Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta obrera determinó.

Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.

Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro)).

Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar por su nivel de riqueza.

Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.

La rebelión de los jóvenes

Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones de euros-).

No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país. Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en España.

Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.

Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura existe hoy en España.

Mariano Rajoy ha inventado el Bálsamo de Fierabrás. Lo ha dicho claro y sin tapujos: de aquí al final de legislatura, una reforma todos los viernes; como Dios manda, con la misma disciplina estricta que requiere el cumplimiento de las fiestas de guardar de las personas de bien.

Si el mal de todos los males es que la gente se de cuenta de adónde nos lleva cada una de ellas, el agua milagrosa que puede curarlo no puede ser mejor que el hacerlas una detrás de otra, sin solución de continuidad, de modo que el dolor de la nueva haga olvidar el daño de la anterior. ¿Quién se acuerda ya de las primeras subidas de impuestos si luego han venido, ay Dios, los Presupuestos, el hachazo suplementario posterior en educación y sanidad, y ahora, poco a poco, su concreción y las privatizaciones que conlleven aumentos de tarifas, la subida del IVA y vaya usted a saber qué otras más?

Además, ¿qué mejor forma de tener contento al Gran Jefe Alemán que la de presentarle un golpe de efecto cada semana, la de mostrar cada siete días que el gobierno está dispuesto a ir cada vez más lejos y a donde digan en cada momento que debe ir?

¿Que la Señora que todo lo puede manda a su Ministro de Hacienda a Santiago de Compostela para que revise nuestras cuentas? Pues aprovechamos para anunciar que privatizamos lo que haga falta, para que vayan preparando la cartera y nos compren otro más de los pocos recuerdos de familia que nos van quedando.

- ¿Qué quiere, Ministro Shäuble, dígame qué quiere? ¿Loterías?, ¿Renfe?, ¿AENA?, ¿ADIF?, ¿los puertos?, ¿gestión de hospitales, de colegios, o quizá también las universidades? Tranquilo, dígale a Frau Merkel que el viernes próximo están a su disposición y no se preocupe por la cuenta que ya haremos números cuando les venga bien. ¿Algo más? Sí, claro, algo de trigo para los pollos: que, por supuesto, como dice el alemán, que hemos de ir a una economía del conocimiento. Con menos maestros y escuelas, con perores universidades y cerrando centros de investigación, eso sí, ¡qué le vamos a hacer! ¡A ver!, los investigadores que aprovechen y aprendan de paso a emprender: a buscar por ahí unos miles de euros si quieren acabar sus proyectos. Y si no, que los anulen todos, eso, como la Cospedal, que lo cierren todo. ¿Investigar?… ¡qué sabrán de eso!

Se podría decir que la estrategia de Rajoy es pura improvisación, que si de verdad tuviese un proyecto reformista serio, profundo y consistente lo presentaría como se presentan siempre los auténticos proyectos de reforma, en un paquete y de una tacada y no a base de pildorazos cuyo contenido nadie conoce ni siquiera dos o tres días antes de que se anuncien.

Es posible que sea así pero hay que reconocer que Rajoy ha conseguido hacerlo como quien ejecuta un arte singular, como un maestro del ingenio y la creatividad capaz de distraer la atención y encerrar la realidad en unas cuantas frases que pueden con todo. Rajoy ha hecho un arte de la improvisación y del disimulo para aparecer cada viernes como el autor de una obra previamente trazada. No sé si lo está logrando del todo, ni lo que pensarán de él y de su gobierno los amos a los que intenta complacer o las gentes más corrientes a las que quiere engañar, pero en todo caso me recuerda mucho lo que nos enseñó uno de mis grandes clásicos preferidos, Thomas de Quincey. En unas pocas pero sublimes líneas de su opúsculo El asesinato considerado como una de las Bellas Artes (Alianza, 1994) nos indica lo que suele suceder a quienes abusan de lo malo, como, salvando todas las distancias que haya que salvar, quizá podría pasarle a nuestro Presidente si insiste en seguir improvisando con tanto denuedo como disimulo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato -dice de Quincey-, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.

Es por ello, por cierto, que de Quincey subraya la importancia que tiene oponerse desde el principio a lo que no nos conviene (principiis obsta, nos dice recordando los Remedia Amoris de Ovidio). Deberíamos tomar nota porque, aunque conmueve el arte de Rajoy, preocupa mucho cómo puede terminar y adónde nos puede llevar.

Una de las respuestas que los partidarios de mantener la Monarquía en España dan frecuentemente al argumento de aquellos que proponen el establecimiento de una República es que en este momento de enorme crisis financiera y económica tal tema es secundario frente a las enormes dificultades que el país tiene para salir del enorme bache económico en el que se encuentra. En mis discusiones con algunos amigos dirigentes de partidos políticos, sobre todo de sensibilidad socialista, esta respuesta es una constante. Aunque simpatizan con el proyecto republicano, creen que éste es un tema de interés muy secundario en este momento.

Entiendo que tales amigos piensen así, pero creo que se equivocan porque hay una relación clara entre la enorme crisis económica, financiera y política del país y el dominio del establishment conservador sobre los aparados del Estado, liderado por el Monarca. Veamos los datos.

A la vuelta de mi largo exilio indiqué que la transición de la dictadura a la democracia no había sido “modélica” tal como la sabiduría convencional la había definido. Antes al contrario, aunque hubo cambios muy significativos permitiendo el establecimiento de una democracia, el enorme dominio que las fuerzas conservadoras tenían sobre los aparatos del Estado (y la mayoría de los mayores medios de información tanto públicos como privados) la limitó enormemente, dando como resultado una democracia enormemente empobrecida. Indicadores de ello hay miles. Por citar sólo uno: no existe hoy en España ni un solo rotativo de izquierdas a nivel nacional. Ni que decir tiene que existen voces de izquierda en los medios de mayor difusión, pero siempre en una situación muy minoritaria y prácticamente marginal.

Una consecuencia de este enorme dominio conservador en la vida mediática y política del país es el enorme retraso social de España y la subfinanciación de su Estado del Bienestar. Treinta y cuatro años después de establecerse democracia, España continúa a la cola de la Europa Social. El gasto público social por habitante continúa siendo el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de la UE que tienen semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). Y los recortes actuales acentuarán todavía más este retraso social. He documentado extensamente (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006) que este subdesarrollo social se debe al enorme poder que las fuerzas conservadoras (bien en su versión cristianodemócrata, bien en su versión liberal, es decir, neoliberal) tienen sobre la vida política y mediática en España. Es cierto que el partido socialdemócrata ha gobernado España por amplios periodos de tiempo, conllevando cambios substanciales en España. Pero su potencial de cambio ha venido muy marcado por las limitaciones impuestas por los poderes fácticos económicos y financieros a los cuales frecuentemente se ha adaptado, convirtiéndose, paradójicamente, en su defensor.

¿Quiénes causaron la crisis económica y financiera?

Para responder a esta pregunta hay que observar que España comparte con otros dos países del sur de Europa –Grecia y Portugal- este enorme retraso social. Estos países, junto con España, son también países que están en una profunda recesión (en realidad, como bien acentuó el Financial Times, en una Gran Depresión). El hecho de que estos tres países sufran una gran crisis económica y financiera no es por casualidad, pues todos ellos tienen en común que en su historia las fuerzas ultraconservadoras han dominado los espacios financieros, económicos y políticos del país. Su influencia sobre sus Estados ha sido enorme. Esta enorme influencia explica que todos ellos tengan Estados muy represivos (tienen el mayor número de policías por 10.000 habitantes de la UE-15), con muy escasa sensibilidad social (tienen el porcentaje de la población adulta que trabaja en el Estado del Bienestar más bajo de la UE-15), y con limitadísimo impacto redistributivo. Son también los países que tienen mayor fraude fiscal, la mayoría del cual es realizado por las grandes fortunas, las grandes empresas (como Repsol) que facturan más de 150 millones de euros al año, y la banca (como el Banco Santander, cuyo presidente Emilio Botín ha evitado ser juzgado por fraude fiscal con la complicidad de los gobiernos de turno, incluido el socialista). Los ingresos al Estado son los más bajos de la UE-15, con la mayoría de ellos procedentes de la gravación de las rentas del trabajo, que al disminuir, resultado de la explosión de desempleo, ha creado un enorme agujero en las cuentas del Estado, llamado déficit público.

Las soluciones a la enorme crisis son relativamente fáciles de ver (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, Hay alternativas: Propuestas para crear empleo y bienestar social en España). Todas ellas consisten en dar un giro de 180 grados a las políticas que se han aplicado. Se requieren políticas expansivas en lugar de restrictivas de gasto público con el intento de crear empleo, y estimular la demanda y el crecimiento económico. La financiación de tal estímulo debe basarse, no en los flujos de los famosos mercados financieros, sino en una reforma fiscal profunda que genere tales recursos. Si, por ejemplo, el fraude fiscal de las grandes fortunas, grandes empresas y la banca (que cometen el 72% de todo el fraude fiscal en España) se corrigiera, el Estado ingresaría 66.000 millones de euros, con los cuales, entre otras medidas, se podrían crear cinco millones de puestos de trabajo, eliminando el paro en España. Si España tuviera un adulto de cada cuatro trabajando en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de atención a la dependencia y otros (tal como tiene Suecia), en lugar de uno de cada diez (como tenemos ahora), España no tendría desempleo. El argumento de que no podríamos financiar tal expansión ignora u oculta deliberadamente que si los impuestos como porcentaje del PIB en España fueran los mismos que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad más que suficiente para reducir el déficit y crear aquellos cinco millones de nuevos puestos de trabajo.

Hay alternativas a las políticas de austeridad

No es cierto que tales políticas no puedan realizarse y que no se puedan hacer porque el Consejo Europeo, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo no lo tolerarían. Corregir el fraude fiscal o aumentar los impuestos del capital, por ejemplo, no está prohibido en la Eurozona. La externalización de responsabilidades a fin de imponer políticas altamente impopulares es la práctica más frecuente utilizada por el establishment financiero, económico y político español para promover el argumento de que no hay alternativas, consiguiendo con ello lo que siempre han deseado: disminuir la protección social y debilitar al mundo del trabajo. Hay que romper con la visión generalizada, incluso entre las izquierdas, de que, a no ser que Europa cambie (solía antes decirse a no ser que el capitalismo colapse), no hay nada que pueda hacerse en España. He escrito extensamente criticando la manera como las instituciones europeas citadas han dificultado el crecimiento económico español. Pero no es cierto que España, incluso en la situación actual, no pudiera seguir otras políticas, incluyendo políticas fiscales redistributivas y creación de empleo.

Sabemos, por lo tanto, como se puede salir del agujero. Pero su falta de consideración de tales posturas (cuando no su marginación en los debates) se debe a causas políticas que tienen que ver con el enorme dominio de aquel establishment ultra-conservador heredado del régimen dictatorial anterior, establishment liderado por el Monarca. Véanse los continuos votos de lealtad al Monarca por parte de la banca, de la gran patronal, de los mayores medios, de la Iglesia, de la derecha política y un largo etcétera. Y este Monarca es el Jefe del Ejército, de donde deriva en última instancia la garantía de continuidad del sistema. Es un poder enorme que dificulta la puesta en marcha de medidas que nos permitirían salir de la crisis. Ahora bien, España no podrá salir de ella y corregir su enorme retraso social sin cambios muy sustanciales en tal estructura de poder y el establishment que genera.

De ahí que en un momento como el actual, donde se ve con tanta claridad que las instituciones llamadas representativas están captadas por los intereses financieros y empresariales que imponen unas políticas que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes y que están causando un enorme daño a las clases populares, España esté experimentando una crisis no sólo financiera y económica, sino también política. La legitimidad del sistema político español nunca ha sido tan baja. Y de ahí el enorme temor de tal establishment, que explica su enorme represión, criminalizando la resistencia, incluso pasiva, de la población que protesta, con razón, por la imposición de tales políticas.

Pero el temor de las fuerzas conservadoras debería ser la oportunidad de las fuerzas progresistas. Hay que cambiar este establishment financiero, económico, político y mediático a fin de desarrollar la segunda transición de una democracia incompleta a una democracia completa, que permita que se tomen las medidas que cambien las políticas públicas que se están desarrollando. Para ello es necesario cuestionar la pervivencia del centro de aquel establishment, la Monarquía, que es un elemento clave de la estrategia de permanencia de tal injusta distribución de poder. Sé que con un tono condescendiente, algunos de mis amigos, principalmente socialistas, me dirán que las posibilidades reales de que ello ocurra son casi nulas. Pero en esta actitud reflejan más su constante y frustrante moderación y adaptación a la estructura de poder que una lectura objetiva de la realidad. La Monarquía está perdiendo rápidamente su artificialmente creada popularidad. Los movimientos sociales de mayor composición juvenil están enarbolando más y más la bandera republicana. Véanse las fotografías de las manifestaciones de protesta. La historia, incluida la historia española, está llena de ejemplos de que cuando las clases populares se movilizan pueden conseguir lo que desean. Desde la caída del muro de Berlín hasta el fin de la dictadura en España (desde 1974 a 1976 España tuvo el mayor número de huelgas y movilizaciones políticas en Europa) se ve que las movilizaciones populares y las agitaciones sociales tienen impacto.

Una última observación. Algunos monárquicos utilizan el caso de los países escandinavos mostrando que el sistema monárquico puede ser compatible con sociedades avanzadas y progresistas. Tal argumento ignora, sin embargo, el contexto político que determinó la existencia del sistema monárquico en aquellos países y en el nuestro. Al Monarca español lo nombró el dictador, y la función de la Monarquía era precisamente dejar bien atado todo lo que pudiera haber quedado deshilachado. Y se consiguió. No debería olvidarse que la misión de las fuerzas progresistas es precisamente deshilacharlo para conseguir la democracia por la que millones de españoles lucharon sin nunca conseguirlo. Hoy, sin una segunda transición a una mayor democracia en España, no habrá salida de la horrible crisis que el país está viviendo. Un país en el que el 50% de la juventud no encuentra trabajo no puede aceptar la continuidad de unas instituciones tan poco representativas y sensibles a las necesidades de las clases populares. De ahí que la demanda de una mayor y mejor democracia y de resolución de los enormes problemas sociales sean idénticas hoy en nuestro país.